Los demandantes, John Matthew Heath y Osman Khan, acusaron también a Maduro de supuestamente manejar una organización al margen de la ley
El exmarine John Matthew Heath y el ciudadano estadounidense Osman Khan, quienes estuvieron detenidos arbitrariamente en Venezuela por la administración de Nicolás Maduro, demandaron en Miami al mandatario Nicolás Maduro por haber sufrido torturas durante su reclusión con varios elementos como ahogamiento, choques de electricidad, uso de sustancias psicotrópicas, aislamiento, entre otras.
En la demanda, a la que tuvo acceso Associated Press, los abogados de Heath y Khan señalan a Maduro de encabezar una vasta “empresa criminal” que ha cooptado al Estado y que usa a ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio en las negociaciones con EEUU.
“El secuestro, la tortura y el rescate de ciudadanos estadounidenses fueron parte de un plan continuo y sistemático para obligar al gobierno de Estados Unidos a realizar concesiones políticas, poner fin a un embargo petrolero e intercambiar prisioneros”, argumenta la defensa de los dos ciudadanos.
Pero no solo Maduro está en la lista de denunciados, sino que hay otras 17 personas acusadas como el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el fiscal general, Tarek William Saab, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; junto a Petróleos de Venezuela y Minerven.
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La acción legal de Heath y Khan contra la administración Maduro es parecida a la que ya juzgados en EEUU han recibido en el pasado y que sentenciaron a favor de los perjudicados. Estas personas acusaron además al mandatario de controlar el “Cartel de los Soles”, una supuesta red de tráfico de drogas que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que supuestamente inundan Estados Unidos con cocaína.
El Gobierno estadounidense determinó que ambos fueron detenidos injustamente por cargos falsos. Fueron liberados después de haber estado detenidos 752 y 259 días respectivamente, en octubre de 2022, junto a cinco exdirectivos de Citgo en un canje que involucró a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, quienes estaban detenidos por narcotráfico.
Todas ellas pedían daños y perjuicios en virtud de una ley federal poco utilizada , la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los bienes de sus victimarios, recuerda AP.
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