Hasta ahora, dentro de la oposición democrática no hay disposición de participar en el calendario electoral de 2o25. Dirigentes consultados por TalCual puntualizan que el conflicto tras el 28 de julio no se ha resuelto: el empeño es la defensa de la soberanía popular y el triunfo de Edmundo González. En los partidos no hay posición formal, más allá de lo dicho por María Corina Machado. Dicen estar claros en la ausencia de garantías democráticas y que los cargos regionales se han convertido en «cascarones vacíos». Advierten que participarán en los comicios quienes se adhieran a las condiciones de Maduro
La oposición democrática enfrenta un nuevo dilema en 2025 y es la decisión que asumirán formalmente ante los venideros procesos electorales. El calendario incluye los comicios de gobernadores, alcaldes; consejos legislativos; concejos municipales y diputados de la Asamblea Nacional (AN). Las elecciones parlamentarias han sido calificadas como Nicolás Maduro como «muy importantes».
La dirigencia y el país llegan a este escenario electoral, para el cual el CNE se declaró en sesión permanente, con una cuenta pendiente: aún no se han publicado las actas de votación de las presidenciales del 28 de julio. Este aspecto es fundamental para la institucionalidad, como lo han señalado organizaciones dentro y fuera del país, y diferentes gobiernos.
El ente comicial anunció el lunes 27 de febrero la celebración de elecciones el domingo 27 de abril. Ese día se celebrarán la elección de 24 gobernadores, incluirá el del nuevo estado de la Guayana Esequiba, y de los 277 diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Para los opositores la situación se agrava en medio de la represión política que pasa por la anulación de los partidos políticos, detenciones arbitrarias de dirigentes y activistas, desmovilización y clandestinidad. Un sondeo realizado por TalCual evidencia que las organizaciones están enfocadas en la defensa de la voluntad popular expresada en 2o24: hasta ahora, la mayor parte de la dirigencia está cerrada a participar en unas elecciones sin condiciones, ni garantías democráticas.
«Las elecciones son para elegir y el pueblo ya eligió. No aceptamos ni avalamos ninguna elección antes de hacer respetar los resultados del 28-J. No debe pedir el voto popular quien no defiende el resultado del voto popular», ha enfatizado María Corina Machado como parte de los siete puntos de la lucha democrática presentados al país.
Además, la líder opositora insiste en que la única negociación factible en el país es «para consumar la transición democrática y ordenada, y en la cual el pueblo de Venezuela esté representado por el liderazgo que recibió este mandato popular en las primarias del 22 de octubre de 2023 y las presidenciales del 28J».
En un comunicado difundido el 23 de enero, la Plataforma Unitaria indicó que los venezolanos tienen el reto de “recuperar nuevamente nuestra libertad”. Manifestaron que este este objetivo será posible si, como en 1958, permanecen «unidos, organizados, decididos y activos”.
Asimismo, la alianza de partidos de la oposición democrática refirió que la situación actual es similar a la de hace 67 años, pero «no hay sometimiento, persecución ni miedo que sea capaz de contener nuestra naturaleza». Dijeron que el 23 de enero de 1958 concretó fue un proceso de lucha largo «que también pasó por etapas, que tuvo altas y bajas. La culminación de un esfuerzo producto del trabajo en unidad de partidos políticos, sindicatos, estudiantes, la sociedad civil».
Desde Acción Democrática (AD) en resistencia aseguran que el asunto de las elecciones «es un punto aún sin discutir». Al mismo tiempo, un dirigente consultado, que pidió reserva de su nombre, reconoce: «La verdad es que estamos en una fase dilemática muy compleja».
El ala del partido que conduce Henry Ramos Allup anunció la expulsión, decidida por unanimidad, del gobernador de Barinas, Sergio Garrido, y del concejal José Luis Vargas (Baruta) por reconocer a Maduro como mandatario. «En AD hay conducción política», aseveraron.
En Primero Justicia, señalan, el debate tampoco se ha dado en profundidad, mientras el partido vive sus propios dilemas organizativos. Sobre las elecciones, un dirigente nacional dice que realizan «inventario» de la situación.
Hasta ahora, siguen la posición de María Corina Machado.
En diciembre pasado, PJ destacó la importancia de mantener la lucha por consolidar y defender el triunfo electoral del 28 de julio, «fortaleciendo la unidad opositora para que se respete la voluntad del pueblo venezolano, promoviendo una agenda democrática y transparente». El partido apuntó, en un comunicado, que sigue el Plan Político Estratégico aprobado por el Comité Político Nacional el 12 de octubre de 2024.
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Tras conocerse la fecha de los próximos comicios, el dirigente Juan Pablo Guanipa puntualizó: «Hay que tener riñones, desvergüenza y cinismo para presentarse con la cara lavada ante el país, después de ser el instrumento de Maduro para validar el fraude del 28 de julio con un boletín falso. Tanto hablan de elecciones y no han dado ni los resultados por mesa, por parroquia, por municipio, por estado del 28 de julio».
En ese sentido, sostuvo que no habrá elecciones válidas en el país «hasta que se respeten los resultados del 28J. Sinvergüenzas. Acaten la voluntad expresada en las urnas».
El 16 de enero, Guanipa exigió que el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, fuese «autoexcluido o expulsado» de Primero Justicia «porque no representa los valores ni las decisiones». El dirigente Fustigó a Galíndez por asistir a la AN de 2o20 para discutir el cronograma electoral de 2025. Además, cuestionó la presencia del gobernador Sergio Garrido, y de los representantes de las gobernaciones de Zulia, a cargo de Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo) y Nueva Esparta, que conduce Morel Rodríguez.
Por su parte, en un comunicado Voluntad Popular (VP) dijo que que el anuncio del CNE sobre eleccionres representa «una burla a la soberanía popular» y una «farsa electoral», dada la mora con los resultados detallados de las presidenciales.
En UNT la situación no está exenta de cuestionamientos, como lo hizo ver el dirigente Ángel Caridad, quien renunció al partido luego de que varios dirigentes regionales reconocieron a Nicolás Maduro como gobernante.
“Lamentablemente, he percibido una disminución en los valores democráticos internos del partido, especialmente en los procesos para tomar decisiones trascendentales (…) no sólo traiciona la voluntad de los ciudadanos venezolanos, quienes votaron abrumadoramente por Edmundo González Urrutia, sino que también significa un acto de complicidad que vulnera la lucha por la legitimidad democrática y la restauración del Estado de Derecho en nuestro país», señaló Caridad en una carta dirigida al gobernador Rosales, presidente de UNT.
Oposición defiende coherencia
Roberto Enríquez, presidente de Copei-ODCA, señala que está pendiente el resultado del 28 de julio y cualquier estrategia debe basarse en el principio de soberanía popular y lo que la gente decidió.
Subraya que este principio «unifica» a la oposición y que cualquier acción contraria se traduce en «la esclavitud política».
Fuentes de Encuentro Ciudadano expresan que el Comité Político Nacional y todo el partido decidió no asistir a las próximas elecciones.
«En Encuentro Ciudadano siempre hemos buscado trabajar en unidad, así que hay que esperar qué decide la Plataforma Unitaria», sostuvo un dirigente consultado para este texto. Añadió que existe un valor supremo, «que no depende de organización ni personalidad alguna, y es el respeto al mandato soberano que emitieron los ciudadanos en las presidenciales».
En conversaciones con TalCual, dirigentes de LCR consideraron «contraproducente, contradictorio y hasta reviste elementos de traición al pueblo, de traición a la patria» la idea de participar en cualquier proceso electoral convocado después del desconocimiento de los resultados de las presidenciales.
Rechazan solicitar el voto a un ciudadano «cuyo voto acaba de ser pisoteado por el gobierno, que se expresó en las urnas y obtuvo una victoria y esa victoria fue desconocida».
La represión contra la disidencia luego del 28 de julio ha originado que desde la oposición se desplieguen nuevas formas de protesta, como ocurrió con el enjambre
«Nos acogemos a lo expresado por María Corina en los 7 puntos y esperamos la publicación del cronograma para evaluar el impacto en los sectores de la oposición», resaltó un dirigente nacional de LCR, que solicitó reservar en su nombre.
En LCR ratifican las advertencias hechas desde las elecciones regionales desde 2021.
«Se están convocando a elecciones de estructuras de gobierno que se han venido convirtiendo en cascarones vacíos. Pero, además, el llamado que hace el régimen a la reformaa constitucional y la aprobación de nuevas leyes electorales que apuntan hacia la prevalecencia de la votación de segundo grado, eliminando la votación directa, universal y secreta, y hacia la creación del Estado comunal», argumentan desde la LCR.
Añaden que el Poder Público Municipal terminará desapareciendo. «No tiene sentido traicionar a los ciudadanos que hicieron una gesta y una épica derrotando al régimen a través del voto», reiteran.
También resaltan que las gobernaciones y alcaldías han perdido autonomía y «ya se sabe cómo operan los presupuestos». Rechazan el argumento de algunos sectores opositores sobre el hecho de que no se pueden abandonar los espacios de lucha: «Esos espacios no existen ni valen un céntimo».
Convivencia democrática resquebrajada
Por su parte, César Pérez Vivas (Concertación Ciudadana) indica que la prioridad en estos tiempos se enfoca en hacer valer el voto del 28 de julio, «donde resultó electo Edmundo González Urrutia». Añade que toda Venezuela sabe que «Maduro y su entorno cometieron un fraude y que, mediante el control de los poderes públicos desconocieron la soberanía popular».
Puntualiza que este hecho es muy grave, destruye la convivencia democrática y afecta la paz interna cuando Maduro y sus funcionarios apelan al «terrorismo de Estado», «al secuestro, desaparición, encarcelación y muerte» de dirigentes y activistas políticas para mantenerse en el poder.
Para Pérez Vivas, el afán del gobierno por convocar a elecciones este año no tiene el objetivo de renovar los poderes públicos, por cuanto el fin es pasar la página del 28 de julio: «Que nos acostumbremos a su presencia usurpada en Miraflores y ganar tiempo para que la usurpación se consolide».
A su juic
, resulta «absolutamente inconveniente» dedicar tiempo a preparar equipos políticos con miras a unas elecciones. Añade que, mientras esté el actual Poder Electoral y el sistema de justicia politizado y la «suspensión de hecho» de las garantías constitucionales, es imposible acudir a unas elecciones.
Destaca que, en Venezuela, «el voto es una simulación». Recuerda que ni siquiera existe la posibilidad de registrar los partidos políticos, los cuales están secuestrados por sentencias judiciales». Pérez Vivas advierte que solo serán candidatos en las elecciones de este año «solo aquellos que se comprometan con la dictadura».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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