El senador republicano Rick Scott rechazó de manera contundente el reciente anuncio de Delcy Rodríguez sobre el fin de la Ley de Amnistía. Esta medida, que el chavismo aprobó hace apenas dos meses, queda sin efecto según las declaraciones de la funcionaria. Para Scott, este movimiento confirma que la administración de Nicolás Maduro jamás tuvo la intención real de cooperar con Estados Unidos.
El legislador estadounidense utilizó sus redes sociales para denunciar que el anuncio ocurrió frente a un grupo de colaboradores del régimen. Según Scott, la estrategia de Caracas siempre buscó ganar tiempo sin ofrecer libertades democráticas verdaderas. La anulación de la normativa agrava la tensión diplomática entre ambas naciones en un momento crítico para la región.
Presos políticos sin debido proceso
Scott enfatizó que la situación de los detenidos por motivos ideológicos en Venezuela permanece crítica y sin cambios favorables. El senador afirmó que cientos de ciudadanos continúan tras las rejas, excluidos deliberadamente de cualquier proceso judicial justo. Estas personas enfrentan castigos injustos simplemente por ejercer su derecho a la oposición política contra el sistema actual.
La exclusión de los prisioneros de los beneficios de ley demuestra, a juicio de Scott, la fragilidad de los acuerdos previos. El dirigente republicano sostiene que el sistema judicial venezolano actúa como una herramienta de persecución en lugar de garantizar justicia.
Pedido urgente de sanciones
Ante el escenario actual, Scott instó al Ejecutivo estadounidense a retomar una postura de máxima presión contra las figuras del chavismo. El senador solicitó específicamente que el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio impongan nuevamente sanciones individuales contra Delcy Rodríguez.
El político estadounidense recordó que las demandas de Washington son claras y no permiten concesiones sin avances democráticos tangibles. La reactivación de estas medidas restrictivas busca penalizar lo que Scott considera una burla a los compromisos internacionales y a los derechos humanos.
PUNTO DE CORTE
