Expertos y firmas como Siemens Energy y General Electric estiman que la recuperación del sistema eléctrico venezolano requiere una inversión estimada de entre $15.000 y $40.000 millones de dólares.
Esta inversión, según estas fuentes, busca estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y rehabilitar plantas termoeléctricas e hidroeléctricas en mal estado.
Esto es, para decir lo menos, una tragedia nacional. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los responsables? Sin duda, el desastre del sistema eléctrico es, entre otros factores, la evidencia más clara del fracaso de una gestión que apostó a la exclusión política y a debilitar todos los dispositivos institucionales de contrapesos y contraloría.
Por eso, es que desde la sociedad civil exigimos una creíble y genuina etapa de reinstitucionalización democrática.
Los estragos de la opacidad no son un accidente en el camino, sino una política estructural. Algunos ejemplos: la Ley de Presupuesto ignorada por completo por más de una década; las memorias y cuentas de los ministerios dejaron de ser públicas; uso de mecanismos opacos de financiamiento; nadie conoce con exactitud los ingresos por la exportación petrolera ni la explotación aurífera.
Tras años de supuestas partidas millonarias y record de recaudación fiscal, así reconocidos por el gobierno, el sistema eléctrico o el suministro de agua siguen colapsados. En el medio, estuvo el tremendo error de la fusión ligando empresas de largos vicios como Cadafe con la otrora eficiente y modélica Edelca. Esta medida, inconsulta, profundizó la crisis industrial de #Guayana.
Para agravar el asunto, la Contraloría General de la República abandonó su rol de árbitro independiente convirtiéndose en cómplice del Poder Ejecutivo.
En fin, el camino es largo, pero debe comenzar ya. La reinstitucionalización democrática es una necesidad urgente que demandan los venezolanos en esta nueva y compleja coyuntura política.
Y debe recordarse que el acceso a la información pública es un derecho humano y una obligación constitucional (Artículos 28 y 143 de la Constitución). No es una concesión del Estado.
Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, conocida como Macagua. Foto William Rafael Urdaneta
