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Acceso a la Justicia advierte que la nueva circular sobre el RUSO profundiza la asfixia contra las ONG

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La ONG Acceso a la Justicia alertó que la Circular 003-2026, emitida por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mantiene la asfixia sobre la sociedad civil en Venezuela. El nuevo instrumento  legal sustituye a la medida previa del 1 de septiembre pero preserva las fallas de fondo y los vicios de inseguridad jurídica.

Organizaciones multilaterales

La organización civil explicó que el acto administrativo se fundamenta en la cuestionada Providencia 002-2021, una norma que exige requisitos contradictorios con los parámetros fijados en las recientes directrices oficiales.

Afectación a la privacidad y discriminación a profesionales

La directiva aprobada excluyó a los agentes inmobiliarios, administradores y economistas de la obligación de inscribirse y actualizar sus datos ante el Registro Unificado de Sujetos Obligados. Sin embargo, los analistas de la ONG señalaron que esta medida genera una discriminación arbitraria contra gremios como abogados y contadores públicos, quienes permanecen bajo un estricto esquema de vigilancia estatal.

Por otra parte, la disposición obliga a las Organizaciones Sin Fines de Lucro a suscribir declaraciones de debida diligencia sobre sus beneficiarios. Esta exigencia obliga a identificar a personas vulnerables o denunciantes de violaciones de  derechos humanos, vulnerando el deber legal de confidencialidad y la privacidad del historial médico.

Exigencia de revocación y violación de derechos constitucionales

La ONG advirtió que la política oficial profundiza la violación sistemática de la libertad de asociación, vulnera el  derecho al trabajo y atenta contra la privacidad de los ciudadanos. Por esta razón, la organización exigió la revocación inmediata de la Providencia 002-2021 para detener el hostigamiento sistemático contra las agrupaciones civiles.

Gente y sociedad

Estas restricciones ocurren mientras las delegaciones políticas revisan el marco normativo nacional, en momentos cuando la AN de 2015 avanza en negociaciones para reformar leyes y renovar poderes con el propósito de garantizar libertades democráticas.

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