La Asamblea Nacional acaba de sancionar la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha vendido la norma como un instrumento de “tarifas justas” y de apertura a la inversión privada que, en teoría, rescatará un sistema eléctrico en ruinas. Sin embargo, la pregunta que retumba en los hogares venezolanos —esos donde el ingreso familiar no alcanza ni para una semana de comida— es una sola: ¿cómo va a pagar el pueblo llano y trabajador los recibos de luz que se avecinan?
La reforma establece una “tarifa técnica basada en costos reales” y una “rentabilidad razonable” para los operadores privados. Es el lenguaje de los inversores, no el de las familias que sobreviven con ingresos miserables y que apenas cubren una fracción mínima de la canasta alimentaria, ubicada aproximadamente en 600 dólares mensuales para una familia de cuatro personas. Mientras el gobierno y algunos sectores de la oposición que le acompañan insisten en el “sinceramiento tarifario” como verdad económica inevitable, la pregunta sigue siendo la misma: ¿inevitable para quién?
El oficialismo y los sectores de oposición que acompañaron la discusión insisten en que la ley recogió aportes técnicos y que el Estado mantendrá el rol rector. Incluso se habla de un fondo especial y de una tarifa plana subsidiada para los sectores populares, una propuesta que quedó en el aire y que, según los propios expertos, no tiene garantía de pago ni plazos claros: un subsidio que no se paga termina convertido en deuda, y la deuda, tarde o temprano, se traduce en apagones. La arquitectura de la ley prioriza la llegada del capital privado, las concesiones a 25 años y los incentivos fiscales a los inversionistas; la protección del usuario queda como un enunciado condicional, atado a la voluntad de un regulador que, en la práctica, responde al Ejecutivo.
El orden de los factores aquí no es un detalle menor: es la esencia del problema. La lógica exigía primero recuperar el servicio —con inversión pública transparente, mantenimiento real y transparencia en Corpoelec—, segundo recomponer los ingresos familiares por encima de la canasta alimentaria, y tercero, solo entonces, aplicar una tarifa que el pueblo pudiera absorber sin sacrificar lo que ya no tiene. En cambio, se ha hecho lo contrario: se aprueba la ley, se anuncia el tarifazo técnico y se deja para después —sin fecha ni compromiso— la mejora del servicio y de los salarios.
Hay una “puntería para equivocarse” que ya es costumbre. Gobierno y oposición complacientes se enfrascan en el discurso, pero coinciden en el resultado: el bolsillo del venezolano de a pie es siempre el que recibe el golpe. La ley eléctrica podrá ser técnicamente impecable en el papel, pero si la familia que hoy no cubre ni el 20% de la comida recibe una factura calculada a “costos reales”, la “tarifa justa” será, para ella, una sentencia de oscuridad o de hambre. No se puede construir un sistema eléctrico sostenible sobre la base de un pueblo sufrido que no puede sostener mayores cobros como los que pretende imponer esta ley, solapando —una vez más— la situación en contra del pueblo. Aquí lo que se pide es justicia, mejorar la calidad de vida del venezolano y no precisamente mayores impuestos ni cargas que ahoguen a las familias trabajadoras.
Este es un pueblo lleno de conciencia, de fe y de esperanza, que no se va a rendir ante las arbitrariedades de una Asamblea Nacional que legisla de espaldas a la realidad nacional. La dejadez, la corrupción y la falta de inversión fueron las que sometieron al sistema eléctrico a esta situación tan grave. No puede ser que sea el pueblo el que pague los platos rotos de los irresponsables que han gobernado a Venezuela durante los últimos 27 años, con el visto bueno de sectores de la oposición que se arrodillan a merced de los que están en Miraflores. La cuenta de esa irresponsabilidad no se le cobra al pueblo con tarifas: se le debe cobrar a quienes la generaron, a quienes con la corrupción se enriquecieron. Y ellos deben rendir cuentas.
Isla de Margarita, 11/ 11/ 2026
