Pese a la persecución armada, las detenciones arbitrarias y la exigencia de pagos de hasta 25 mil dólares por trámites gratuitos denunciados en el Ministerio de Minas, la Alianza Agrominera Mamá Pancha inicia operaciones en el estado Bolívar para resguardar el sustento de más de 100 familias.
Pese a las crecientes limitaciones administrativas, el hostigamiento armado y los encarcelamientos arbitrarios denunciados en el sector extractivo, la Alianza Agrominera Mamá Pancha confirmó el inicio formal de sus operaciones de trabajo en el estado Bolívar, respaldada en la legalidad de los acuerdos suscritos con el Estado venezolano desde el 5 de diciembre de 2023.
En una comparecencia pública ante las sedes judiciales, la directiva de la organización, encabezada por su presidenta Yonicet Barreto y la vicepresidenta Jixcy García, hizo un llamado de alerta a los medios de comunicación e instancias nacionales para hacer valer el derecho al trabajo de más de 100 familias directas e indirectas que dependen del desarrollo sustentable de esta alianza agro-minera.
Las voceras de la alianza responsabilizan directamente al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, y a la directora de su despacho, Desiré Hidalgo, de promover un esquema de extorsión institucionalizado.
De acuerdo con las denuncias, las autoridades paralizan ilegítimamente las alianzas negando la entrega del Registro Único Minero (RUM) bajo el pretexto reiterado de una supuesto “migración del sistema”.
A pesar de que el RUM constituye un trámite de carácter estrictamente gratuito -concebido como la identificación de la alianza ante los organismos recaudadores de Senafin para el traslado de insumos a través de las alcabalas-, Barreto denunció que el documento es comercializado de forma paralela en el mercado negro institucional por una tarifa de hasta 25 mil dólares.
Esta trama afecta actualmente al 80 por ciento de las alianzas agromineras y brigadas de trabajo del sector, excluyendo a la inmensa mayoría de pequeños mineros que carecen de los recursos para abonar dichas sumas irregulares.
La directiva enfatizó que, legalmente, la falta del soporte físico del RUM no invalida las actividades extractivas ni de procesamiento, pues la alianza cuenta con sus estudios ambientales vigentes, su carta de inicio y la plena disposición para cumplir con las actas de arrime de mineral estipuladas por la ley venezolana.
Amortización de violencia, encarcelamiento y asedio armado
La negativa de la Alianza Mamá Pancha a someterse a cobros al margen de la ley ha desencadenado episodios severos de persecución política, amedrentamiento físico y atropellos judiciales.
Barreto recordó que en agosto de 2024, fue privada de libertad arbitrariamente durante siete meses junto a sus dos hijos (un varón y una hembra), un mecanismo de coerción violatorio de los derechos humanos y procesales.
Más recientemente, el pasado 22 de septiembre, una comisión armada del Grupo Exclusivo de Protección Ambiental Minero (Gepam), en coordinación con Minerven y bajo las órdenes del capitán Luisen Álvarez y Erickson Valecillos, irrumpió con armas de guerra e individuos encapuchados en la zona de trabajo.
Durante dicho despliegue extrajudicial, en el que se exigió verbalmente la paralización de las operaciones sin orden escrita alguna, los trabajadores sufrieron agresiones que le provocaron a Yonicet Barreto una fractura en el pie izquierdo, configurando un patrón sistemático de vulneración a los derechos de las mujeres trabajadoras.
Batalla legal: recurso contencioso administrativo y cautelar
Ante el asedio institucional y los temores fundados por su integridad física, la representación jurídica de la Alianza Mamá Pancha, liderada por el abogado Gabriel Aguilar, formalizó la interposición de un “recurso contencioso administrativo” en los tribunales competentes, agotada previamente la vía jerárquica ante el propio ministerio.
El recurso legal busca revertir las omisiones administrativas, frenar las vías de hecho del órgano ministerial y restituir los derechos constitucionales conculcados.
Adicionalmente, se ha incoado una solicitud de medida cautelar urgente para otorgar protección a las trabajadoras y trabajadores, garantizando el libre e inmediato desarrollo de las actividades productivas de la alianza mientras el poder judicial emite un pronunciamiento definitivo.
Pese al clima de hostigamiento e incertidumbre, la Alianza Agrominera Mamá Pancha ratifica su determinación inquebrantable de continuar trabajando y produciendo en el marco estricto del ordenamiento legal del país.
correo del CARONI
