Como ocurre con otras leyes del chavismo que procuran anular los derechos o virtudes que enuncian en su título, la «ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia» ha generado históricamente los efectos contrarios.
Un régimen en estertores se empeña en aferrarse a los instrumentos con los que ha criminalizado la libertad de expresión y otros derechos humanos en Venezuela. Por eso, a contracorriente del clamor ciudadano, se opone obstinadamente a derogar la oprobiosa Ley Contra el Odio.
El país rechaza con hartazgo que se pretenda prolongar la vigencia maquillada de esta ley de nacimiento espurio y que, tal como lo vienen denunciando organizaciones de la sociedad civil, «desde su origen impone graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso. La propuesta de reforma mantiene estos problemas y no ofrece una respuesta integral a las víctimas».
La discusión del proyecto de reforma, ya aprobado en primera discusión por la fracción oficialista, se está dando en la Asamblea Nacional, luego de una sentencia de conformidad dictada por la Sala Constitucional del TSJ, que también por cierto vive sus estertores, y que una vez más ha procedido en sintonía perfecta con sus jefes del poder ejecutivo.
Se cuestiona que el TSJ haya dado la conformidad dos días después de recibir el proyecto de reforma, sin audiencia pública ni examen de las definiciones. Y la propuesta no se publicó antes de su envío por parte de la AN. Sorpresivo hubiera sido que en esta oportunidad esos operadores se hubieran desplazado por el riel de la justicia.
La AN, el TSJ y el Ejecutivo, que es el triunvirato inconstitucional que lamentablemente rige el país, se empeña en mantener mediante la ley reformada a su antojo y conveniencia medidas severas y arbitrarias que imponen limitaciones al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, en abierta contravención de la Constitución Nacional y de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Como ocurre con otras leyes del chavismo que procuran anular los derechos o virtudes que enuncian en su título, la «ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia» ha generado históricamente los efectos contrarios. No podía ser de otra forma si la administra un grupo político que varias veces proclamó impúdicamente que estaba dispuesto a quedarse en el poder «por las buenas o por las malas». Vaya forma de generar paz, convivencia y tolerancia.
El proyecto de reforma recoge la eliminación de concesiones a medios, que ha sido moneda de uso corriente en nuestro país, el bloqueo de portales digitales y la prohibición de inscribir partidos políticos. Pero busca mantener abusos de poder, como la obligación de los medios de comunicación y las plataformas de difusión de retirar contenidos «inmediatamente», sin investigación previa ni orden judicial.
Esto, consideran las ONG, abre la puerta a retiros arbitrarios y a restricciones indebidas a la circulación de información.
El proyecto de reforma de la ley contra el odio elimina las penas de 10 a 20 años de prisión, pero las sustituye por sanciones administrativas que –por el tiempo que le reste en el cargo– impondría el titular del ministerio del interior, justicia y paz (es un decir). ¡Qué miedo a desprenderse de los instrumentos de los que se han servido para la construcción política del terror!
Ahora dicho ministerio, a manos de uno de los tres integrantes de la cúpula que encabeza Delcy Rodríguez, quedaría facultado para imponer sanciones sin procedimientos, sin criterios de aplicación ni garantías de defensa claras y conocidas.
Las sanciones pecuniarias que se proponen «van de 500 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, montos que hoy equivalen a entre 500 y 10.000 euros», según denuncian las ONG.
«Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de «buenas intenciones». Venezuela necesita eliminar toda norma que viole los derechos y las garantías constitucionales (..). Esta ley ha sido cuestionada desde su nacimiento. Se usó para institucionalizar la persecución y el miedo. Instrumentalizó el aparato judicial y los cuerpos represivos del Estado. Para aterrorizar, para atemorizar a todo el país», afirmó la diputada Amelia Belisario, al negar en la AN el voto en la primera discusión del proyecto, a nombre de la fracción parlamentaria Grupo Libertad.
Basta de ley contra el odio. Lo que se impone en esta hora, haciendo buena la CRBV, es su anulación por la AN; la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por el ejercicio legítimo de sus derechos; sobreseer todas las causas, la extinción de las penas y los antecedentes; y la investigación de las violaciones de derechos humanos, la determinación de responsabilidades y la reparación integral de centenares de víctimas.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
X: @goyosalazar
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