Nayib Bukele, quien estuvo en Costa Rica, negó que existan 30.000 personas inocentes detenidas en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconoció el miércoles 13 de noviembre que hubo errores en el operativo de seguridad ejecutado en todo el país contra las «maras» -bandas delincuenciales- ya que en esas redadas policiales arrestaron a personas inocentes, por lo que señaló que fueron liberados unos 8.000 ciudadanos.
«Obviamente, las operaciones no son perfectas y, pues, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes obviamente son capturados, de la misma manera que lo son en Francia, Alemania y Japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar al 100 por ciento de inocentes», declaró Bukele.
Negó que existan 30.000 personas inocentes detenidas y dijo que esas cifras son inventadas por organizaciones opositoras y les pidió que presentaran pruebas de sus aseveraciones.
Desde Costa Rica, el mandatario salvadoreño dijo que hay «síntomas similares» a los que se evidenciaron en El Salvador al inicio de la aparición de las pandillas en la década de 1990 y por eso sugirió que se haga una reforma al sistema carcelario.
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Tras el recorrido por el Centro Penitenciario La Reforma, la principal cárcel de Costa Rica con 8.700 presos, Bukele afirmó que «evidentemente los presos en ese país tienen muchos más derechos que en El Salvador» y calificó como «inmoral, antiético y carente de justicia» que el gasto mensual en un privado de libertad sea mayor al de un salario mínimo de un trabajador.
«Con la humildad del caso, si en algo podemos ayudar es que el sistema penal debe reformarse y es importante que el sistema penal debe ser completamente controlado por el Gobierno. El sistema judicial decide si una persona es inocente o culpable, pero una vez declarado culpable y sentenciado, debe ser el Gobierno el que debe administrar esa pena», afirmó.
El mandatario salvadoreño recordó que durante su Gobierno se construyó la cárcel más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40.000 reclusos, con un «costo bajísimo» de 115 millones de dólares y diseñada por el propio Gobierno.
Con información de EFE / ABC
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