NACIONAL TRASPASA LÍMITES: RACIONAMIENTOS DE HASTA 12 HORAS CASTIGAN AL PAÍS Y AHOGAN AL SUR DE BOLÍVAR.
Tumeremo (Especial).– Lo que inicialmente se planteó como un plan de contingencia temporal se ha transformado en una crisis crónica que mantiene a millones de hogares venezolanos a oscuras. Los prolongados racionamientos eléctricos, que ya promedian entre 4, 8 y hasta 12 horas diarias en diversas regiones del país, se sienten con especial rigor en el eje sur del estado Bolívar, afectando gravemente la calidad de vida y la economía de los municipios Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana.
Especialistas en la materia técnica confirman que el núcleo de esta contingencia radica en la severa desinversión acumulada y en la falta de mantenimientos mayores y oportunos en el corazón del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque las centrales del Bajo Caroní —la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) y la Central Antonio José de Sucre (Macagua)— fueron diseñadas y dimensionadas para cubrir con holgura la demanda de todo el territorio nacional, la imposibilidad de mantener operativas sus turbinas al 100% de su capacidad instalada ha dejado al sistema trabajando a menos de la mitad de su potencial real. Asimismo, infraestructuras complementarias como la Central Francisco de Miranda (Caruachi), a pesar de estar totalmente concluida, no logran mitigar la crisis debido a las severas deficiencias estructurales en las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas locales.
Esta realidad no es exclusiva de las tierras guayanesas. Reportes e informaciones provenientes de distintos estados del país confirman que entidades como Zulia, Falcón, Barinas, Carabobo, Monagas y Anzoátegui registran cortes continuos y múltiples fluctuaciones diarias que paralizan el aparato comercial, dañan electrodomésticos en los hogares y precarizan aún más el acceso a otros servicios esenciales como el suministro de agua potable.
La ciudadanía y los sectores productivos locales coinciden en que no se trata de un problema circunstancial, sino del resultado directo del deterioro de una infraestructura que requiere, de manera urgente, auditorías técnicas transparentes, inversión sostenida y un plan integral de recuperación que devuelva la estabilidad eléctrica y garantice el bienestar que por derecho corresponde a la población.
