La organización de investigación ambiental SOSOrinoco emitió una grave alerta este miércoles 22 de julio, en el marco de la 48.ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco celebrada en Busan, Corea del Sur.
A través de un reporte publicado en su cuenta oficial de X, el grupo de expertos denunció que el Estado venezolano mantiene una estrategia de obstaculización para impedir la supervisión internacional en el Parque Nacional Canaima.
De acuerdo con la denuncia de SOSOrinoco, la administración estatal ha bloqueado y retrasado de forma sistemática la Misión de Seguimiento Reactivo que el organismo internacional ha solicitado con insistencia.
En sus informes oficiales remitidos a la Unesco, las autoridades del régimen chavista califican la minería ilegal en la zona como un «fenómeno marginal» y responsabilizan a las sanciones internacionales de la situación.
SOSOrinoco señala de manera directa al Instituto Nacional de Parques (Inparques) por omisión, asegurando que la actividad extractiva continúa extendiéndose bajo su directa supervisión.
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Los datos recabados por el grupo de investigación reflejan el acelerado deterioro del ecosistema. Tan solo entre los años 2024 y 2025 se perdieron 300 nuevas hectáreas de Canaima, debido a la minería ilegal. Se confirmó la pérdida de 72 hectáreas de bosque primario en las faldas del tepuy Chimantá.
Las consecuencias de la actividad minera han trascendido los límites del parque nacional y amenazan la infraestructura energética de todo el país.
La acumulación de sedimentos provenientes de los ríos Cuquenán y Caroní fluye directamente hacia el embalse de Guri. Esta sedimentación reduce severamente la capacidad de almacenamiento de la presa y pone en riesgo operativo las turbinas hidroeléctricas de las que depende el fluido eléctrico en Venezuela, según denunció SOS Orinoco.
LA PATILLA
