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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exhortó al gobierno de Venezuela a proteger a las comunidades yanomamis, en un pronunciamiento que dieron a conocer este lunes 21 de octubre.
«La CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresan preocupación por los impactos que la minería ilegal y otras economías ilícitas están teniendo sobre la vida, la salud y la supervivencia del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco«, aseguraron en un comunicado.
Llamaron la atención ante «el incremento de la violencia, la propagación de enfermedades infecciosas y el deterioro ambiental», y sus impactos que tiene en este pueblo ancestral, por lo que dijeron que «Venezuela debe adoptar medidas concretas e inmediatas para proteger sus derechos humanos desde un enfoque culturalmente adecuado».
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La Cidh se hace eco de denuncias de pueblos yanomamis que denuncian la presencia de mineros ilegales de Colombia y Brasil, que exacerba la violencia en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, con amplia presencia de comunidades aborígenes en el territorio venezolano.
«Esta situación ha generado un aumento significativo del desplazamiento forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud, especialmente de personas mayores, niñas, niños y mujeres. Como resultado, los modos de vida tradicional y la propia existencia del pueblo Yanomami están desapareciendo», aseguró la Comisión que forma parte del sistema interamericano de DDHH y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El impacto ambiental y sus consecuencias en los yanomamis
También mencionaron el impacto ambiental de la minería ilegal, el uso de mercurio que contamina los ríos y con ello impide a los yanomamis poder subsistir de la caza y la pesca.
«En este sentido, líderes indígenas han alertado sobre la prevalencia de enfermedades por infecciones respiratorias, tuberculosis, diarreas, hepatitis y, en general, de trasmisión sexual y otras prevenibles con vacunas. De acuerdo con registros propios del pueblo Yanomami, la malaria habría provocado la muerte de al menos 390 personas indígenas en los últimos dos años», dice la Cidh.
Citan las muertes violentas que documentó la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, que da cuenta que «entre 2014 y 2022, hubo 832 muertes violentas de personas, de estas, 237 por la presunta actuación directa de agentes estatales; 96 posibles casos de desapariciones de personas; 107 casos de presuntas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como 729 afectaciones contra la libertad cometidas por grupos privados e ilegales».
Critican que la opacidad informativa del gobierno de Nicolás Maduro impide hacer un seguimiento en el Arco Minero del Orinoco, una iniciativa del líder chavista para la extracción de minerales, pero en la que operan grupos ilícitos que explotan la tierra sin mayor control ambiental.
«Venezuela debe adoptar medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar acciones que amenacen la vida y la integridad del pueblo Yanomami, ya sean perpetradas por terceros o agentes estatales», insistió la Cidh.
Con información de Efecto Cocuyo
