En la parroquia San Camilo del estado Apure, específicamente en el sector Caño Caoba, la situación de la unidad de producción La Esperanza ha escalado a un conflicto legal y humano de proporciones críticas.
Rosa Mary Losada de Gelves, viuda de Roque Gelves Arias, ha lanzado un llamado de auxilio nacional ante lo que califica como una serie de irregularidades procesales y atropellos ejecutados por autoridades judiciales y cuerpos de seguridad, quienes habrían ignorado mandatos previos del Ministerio Público.
El conflicto alcanzó un punto de quiebre el pasado 22 de abril, cuando el Juez Tercero Agrario del estado Apure, Víctor Ruiz, encabezó un procedimiento en el inmueble que, según el testimonio de los afectados, derivó en un saqueo bajo el pretexto de una inspección.
La denuncia señala que se violentaron las garantías constitucionales al romper los candados del portón principal para facilitar el ingreso de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía del estado Barinas.
Este despliegue habría contado con el respaldo de actores locales que, pese a tener medidas de prohibición de acercamiento dictadas por el Tribunal de Control de Guasdualito, irrumpieron en el lugar.
La gravedad del caso se acentúa al contrastar estos hechos con la resolución emitida en 2024 por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. En aquel entonces, el máximo representante del Ministerio Público ordenó la restitución del predio a favor de la familia Gelves Losada y el reintegro de sus semovientes a través de la Dirección de Derechos Humanos. Sin embargo, los denunciantes aseguran que una presunta confabulación dentro del INSAI Apure ha impedido la ejecución de dicha orden, dejando a la señora Losada en una situación de extrema vulnerabilidad.
Actualmente, la viuda enfrenta no solo la pérdida de sus medios de producción, sino también el deterioro de su salud y la falta de protección institucional. A pesar de haber acudido reiteradamente a la Fiscalía 12 del estado Apure para consignar los requerimientos legales necesarios, los afectados denuncian que se les ha negado la recepción de documentos, ignorando las medidas solicitadas para resguardar la integridad física de la adulta mayor.
Ante este escenario de desprotección, la comunidad y los familiares exigen una intervención inmediata que restablezca el hilo legal y garantice la justicia en la zona fronteriza.
LA PATILLA
