Director de Laboratorio de Paz advirtió que se generan condiciones para violaciones de DDHH
Diosdado Cabello juramentó este 7 de enero a los cuerpos combatientes en Caracas, integrados por colectivos. Foto: X
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, junto a la coordinadora política en Caracas y y tambien alcaldesa, Carmen Meléndez, juramentaron a los llamados “cuerpos combatientes” que tienen como “misión” la defensa de la revolución de cara al 10 de enero, dia de la juramentación presidencial.
Estas figuras están integradas por colectivos afectos al gobierno de Nicolás Maduro en Caracas y Miranda, de zonas como la emblemática parroquia 23 de Enero del oeste capitalino.
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Varios de estos grupos han sido cuestionados por organismos internacionales y defensores de derechos humanos por haberse constituido como cuerpos “parapoliciales” al servicio de la represión gubernamental contra la disidencia política, por lo que existe preocupación por lo que pudiera ser su actuación en momentos de protesta ciudadana contra los resultados de los comicios del 28 de julio, anunciados por el Poder Electoral y que favorecen a Maduro.
“Genera condiciones para violaciones de DDHH”
“La Constitución establece con claridad cuáles son los organismos con competencia para la seguridad ciudadana. Es una decisión (convocar a los colectivos) abiertamente contraria a la Carta Magna y que genera condiciones para la grave violación de derechos humanos. Por eso la Misión Independiente de Determinación de Hechos ha incluido el monitoreo de este tipo de organizaciones dentro de su mandato”, advirtió el director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcategui.
El 31 de julio, tres días después de las elecciones presidenciales, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos expresó su preocupación por las violaciones de DDHH en el contexto de las protestas postelectorales.
La Misión de Naciones Unidas (ONU), dijo haber recibido información de la violencia desplegada por cuerpos de seguridad y “grupos de civiles armados que apoyan al gobierno, conocidos como colectivos”, lo cual devino en muertes y ciudadanos heridos en al menos 17 estados del país.
“Ya existe jurisprudencia regional que establece con claridad que el Estado tiene responsabilidad en la actuación de este tipo de organizaciones civiles armadas, por lo que Nicolás Maduro, con esa decisión, está aumentando su expediente para ser sancionado en el futuro por las consecuencias que puedan ocurrir”, subrayó Uzcategui.
Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, con los organismos policiales del país bajo su control, sugirió a la oposición no “provocar a los colectivos”. El acto de juramentación de los “cuerpos combatientes” se hizo este 7 de enero en El Calvario, cercano a la parroquia 23 de Enero con la presencia de colectivos como la Fundación 3 Raíces, Alexis Vive y Tupamaro.
“Todo estará en santa paz, pero si ustedes fascistas y terroristas se atreven se arrepentirán toda su vida. Defenderemos el Palacio pero luego pasamos al contraataque porque se acabó la mamadera de gallo. Nos vamos a la calle a defender la patria”, exclamó Cabello.
Actúan con impunidad
Un experto en seguridad ciudadana que prefirió omitir su nombre para esta nota alertó que la actuación “autorizada” de los colectivos, a los que se refirió como “grupos paramilitares o parapoliciales” en las calles del país, en la actual coyuntura política, pone en riesgo a los ciudadanos que hacen uso de su derecho constitucional a la protesta contra el desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio.
Para este 9 de enero, la líder opositora María Corina Machado llamó a la ciudadanía a salir a las calles de todo el país, de manera pacífica, para hacer valer el triunfo de Edmundo Gonzalez Urrutia sobre Maduro, según 85% de las actas divulgadas por el Comando con Venezuela y exigir su juramentación el 10 de enero.
“Los colectivos tienen en Venezuela una larga historia de cometer diferentes delitos graves contra la disidencia política. Estos ataques muchas veces han terminado en asesinatos u otros delitos violentos. Sus miembros suelen portar armas de fuego e ir encapuchados para evitar que los reconozcan y se sabe que actúan con impunidad, a veces inclusive al lado de cuerpos de seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas o las policías”, sostuvo el experto.
Recordó que está demostrado que el Ministerio Público no investiga delitos cometidos por tales grupos por lo que no se les aplican los castigos previstos en la ley.
“El artículo 7 de la Ley del Servicio de Policía prohíbe que civiles puedan ejercer las funciones policiales, pero eso es precisamente lo que hacen de alguna forma los miembros de los colectivos. Esto se refuerza con el hecho de que muchas veces los miembros de los colectivos actúan a la par o en compañía de miembros de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) o de policías estadales o municipales”, enfatizó el criminólogo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condeno el pasado 15 de agosto lo que catalogo como “prácticas de terrorismo de Estado”, luego de las elecciones, ya observadas en las protestas ciudadanas de 2014 y 2017, entre las cuales incluyo la actuación de los colectivos.
Los organismos señalaron que 10 de 23 asesinatos ocurridos en las protestas postelectorales del 29 y 30 de julio, “serían atribuibles a los colectivos, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado e, inclusive, están incorporados legalmente en el Sistema Popular de Protección para la Paz, mientras que dos serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales”.
La Fiscalía culpa de las muertes a la oposición como parte de un plan para derrocar al gobierno de Maduro.
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