Un informe de Clima21 muestra cómo los cambios ambientales afectan la alimentación, el agua, la salud y la cultura de estas comunidades. La organización pide reconocer sus derechos y garantizar el acompañamiento del Estado venezolano.
“Ya no se sabe si es verano o invierno”. “A veces hay tanto calor que las plantas de yuca disminuyen su producción”. Estas expresiones de habitantes del Bajo Caura, en el estado Bolívar, reflejan los cambios ambientales que observan en sus territorios y su preocupación por los efectos sobre sus formas de vida, su salud y su cultura.
El informe de Clima21 El cambio climático desde la perspectiva de los pueblos del Bajo Caura, estado Bolívar, recoge las experiencias y los conocimientos de habitantes de Aripao y Maripa. A partir de procesos participativos realizados durante 2026, el estudio identifica los cambios que perciben las comunidades, así como sus necesidades y propuestas para enfrentarlos.
Entre los cambios señalados están el aumento de la temperatura, las alteraciones en los patrones de lluvia, las sequías intensas y el incremento de los incendios de vegetación.
Estos cambios no son problemas abstractos: afectan la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, la salud y las actividades que sostienen la vida comunitaria. También pueden poner en riesgo los conocimientos y las prácticas culturales vinculados con el territorio.
La situación se agrava por otras presiones ambientales, en especial la minería ilegal, que provoca deforestación y contaminación. Estos daños amenazan la vida de las comunidades y reducen su capacidad para responder a los impactos del cambio climático.
El informe destaca que las comunidades cuentan con conocimientos y capacidades propias para desarrollar estrategias de adaptación. Por eso, las respuestas no deben limitarse a imponer soluciones diseñadas desde fuera. Es necesario reconocer las iniciativas locales, apoyarlas, promover procesos de formación adecuados a cada contexto cultural y facilitar el acceso a financiamiento para que las comunidades puedan llevar adelante sus propuestas.
La adaptación también exige reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes: sus territorios, sus medios de vida, sus culturas y las condiciones necesarias para vivir dignamente frente a los impactos del cambio climático.
Las comunidades no pueden quedar solas ante una amenaza que compromete su bienestar y su futuro. Necesitan apoyo oportuno para adaptarse a los cambios ambientales, con medidas que respeten sus derechos, conocimientos y prioridades.
Clima21 hace un llamado a apoyar con urgencia las iniciativas comunitarias de adaptación y a proteger los ecosistemas de los que dependen estas poblaciones. El Estado venezolano debe acompañar estos procesos y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.
CORREO DEL CARONI
