Cofavic afirma que sin derechos de las víctimas no hay democracia posible a propósito de la reciente aprobación en el Parlamento de la Ley de Amnistía, que ha sido cuestionada por diversos voceros de la sociedad por su carácter excluyente.
Aunque según cifras oficiales hubo 276 muertos, algunas organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) señalan que la cifra del llamado Caracazo ocurrido el 27 de febrero de hace 37 años rebasa el millar de personas.
Un aumento de apenas 30 céntimos (de un bolívar al que el chavismo le ha quitado múltiples ceros) a la gasolina, fue la chispa que encendió en Guarenas una protesta durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que de acuerdo a investigaciones de Cofavic género ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos.
A través de un comunicado, 37 años después, Cofavic expuso que la conmemoración de la fecha sucede en el marco de la exigencia de un nutrido grupo de mujeres por la libertad de sus familiares arbitrariamente privados de libertad por motivos políticos.
“En particular, es relevante reconocer que son las mujeres quienes de forma mayoritaria han ejercido la defensa de derechos humanos frente a los esfuerzos del Estado por mantener la impunidad. Precisamente en 1989, fueron las mujeres quienes llevaron adelante ante los tribunales nacionales e internacionales, la denuncia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Caracazo. De hecho, fueron ellas, las madres, esposas y hermanas, quienes fundaron Cofavic”, expuso la misiva de la oenegé.
La organización puntualizó que sin derechos de las víctimas no hay democracia posible a propósito de la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía, que ha sido cuestionada por diversos voceros de la sociedad por su carácter excluyente.
La oenegé denunció que a casi 40 años de la masacre, las personas se ven obligadas a dormir frente a centros de reclusión para demandar la libertad plena de sus afectos.
“Es doloroso ver en 2026 la necesidad de pernoctar a la intemperie para exigir el respeto a los derechos humanos, tal como tuvieron que hacer las fundadoras de Cofavic en La Peste, en el Cementerio General del Sur, durante año y medio, con el fin de cuidar los restos y evidencias ahí sepultados por el Estado de manera clandestina en 1989”.
Cofavic puntualizó lo necesario de preservar la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos en Venezuela en procura de evitar la repetición.
Para la organización es llamativa la eliminación de los archivos administrativos, policiales y militares a personas beneficiadas por la Ley de Amnistía
“Esto constituirá un fuero más de impunidad, pues significa la destrucción de las evidencias de las violaciones de derechos humanos que han afectado a miles de personas en Venezuela, lo que restringirá el incuestionable derecho de las víctimas a las garantías de verdad, justicia y reparación”.
Cofavic expuso que cualquier iniciativa orientada a la reconciliación nacional debe estar alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Sin postergaciones por conveniencias políticas, y como camino de una sola vía de exigibilidad inmediata”.
A juicio de la organización, la propuesta de allanar una convivencia democrática es una oportunidad para poner fin a prácticas de impunidad del Estado desde los sucesos del 27 de febrero de 1989 a la represión post electoral de 2026.
En este sentido las exigencias de la organización redundan en la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, Investigaciones independientes, genuinas, imparciales y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, cese de prácticas que restrinjan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la derogación de las leyes que han sido empleadas como instrumentos para la persecución de personas y de organizaciones de la sociedad civil como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG; Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; y Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
CORREO DEL CARONI
