Autoridades, mineros artesanales y comunidades del sur del estado Bolívar unifican reclamos históricos como es frenar el despojo de yacimientos, elevar el límite legal de porte de oro, salvar la producción de Minerven y exigir justicia para trabajadores detenidos.
En una jornada de consulta popular, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, junto a la comunidad local, instaló seis mesas de trabajo orientadas a definir las propuestas que llevará el sur del estado Bolívar ante la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional en Caracas.
Las mesas abordaron la crisis institucional de Minerven, la situación de los familiares de detenidos en la estatal minera, el amparo al minero artesanal, el impacto ambiental, la frenada a las expropiaciones de minas y alianzas, y la reforma integral de la Ley de Minas.
Con este despliegue, la localidad busca reestructurar un marco legal y operativo que hoy desprotege al principal polo aurífero del país.
Lugo enfatizó que la normativa vigente carece de amparo para los trabajadores independientes, no prevé inversiones sociales para los municipios del sur ni contempla mecanismos efectivos para resguardar las cuencas hidrográficas.
La ley debe abrirse al capital privado para atraer inversiones, pero la mano de obra del minero artesanal -que tiene más de 200 años en esta labor- tiene que ser protegida, expresó Lugo. “Vamos a jugar al éxito del diálogo para devolverle la esperanza al sur del estado Bolívar”, afirmó el mandatario local al confirmar que una delegación viajará a la capital dentro de dos semanas para entregar el documento final.
Entre las prioridades del sector destaca la urgencia de rescatar a la empresa estatal Minerven, motor económico histórico de la Guayana profunda, tras 66 años de trayectoria, la industria sufrió un colapso operativo que redujo su capacidad de extracción desde un promedio histórico de 2 mil kilos de oro mensuales a apenas 180 kilos en la actualidad.
Esta drástica caída ha impactado severamente el tejido social y la estabilidad económica de las familias trabajadoras de la zona, que dependían del dinamismo de la estatal.
Por su parte, la Mesa de Minería Artesanal denunció el despojo sistemático de áreas de trabajo tras realizar inversiones en la exploración de yacimientos.
Reclaman suspender los mecanismos legales punitivos que facilitan la expropiación de alianzas y brigadas para traspasarlas a entes del gobierno central.
Asimismo exigen la apertura de una Oficina de Atención al Minero con poder de decisión en El Callao para evitar el peregrinaje burocrático hacia la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en Caracas, además de elevar el límite legal permitido de porte personal de oro de 30 a 100 gramos -o el equivalente a 10 mil dólares en zona de trabajo- para frenar las retenciones e incautaciones arbitrarias en alcabalas.
En el área ecológica, Pedro Alcalá, asesor ambiental de El Callao, Guasipati y Tumeremo, advirtió sobre la presión ejercida sobre suelos y ríos por el crecimiento demográfico desmedido y la migración interna.
Su propuesta contempla educar ecológicamente desde las aulas primarias hasta los talleres mineros, descentralizar trámites y presupuestos ambientales desde Caracas hacia Bolívar, y consolidar una alianza técnica entre especialistas, instituciones y mineros para encaminar la actividad hacia la sostenibilidad.
En el ámbito de derechos humanos, familiares de cuatro ciudadanos detenidos en Tumeremo exigieron al Ministerio Público la radicación de actos conclusivos.
Anabel Hernández, vocera de los afectados, precisó que tras 14 meses de reclusión en el Comando Rural San Luis, la propia investigación fiscal y la representación de Minerven ratificaron que no existieron denuncias por tráfico de explosivos ni contratación de los funcionarios ejecutores, por lo que demandan la libertad inmediata de los cuatro padres de familia.
La delegación unificada de mineros, profesionales y autoridades locales afina detalles para movilizarse a Caracas “al ritmo del calipso”, llevando un pliego que sintetiza las demandas urgentes del estado Bolívar ante el Poder Legislativo.
Datos claves
● Movilización a Caracas: Una delegación representativa de Bolívar viajará en 15 días a la Asamblea Nacional para entregar el pliego unificado de peticiones.
● Freno al despojo: Exigen derogar normativas que facilitan la expropiación de alianzas y brigadas mineras otorgadas a pequeños trabajadores.
● Reforma de porte legal: Plantean elevar de 30 a 100 gramos el límite de porte individual de oro para frenar cobros indebidos en los puntos de control vial.
● Descentralización urgente: Demandan oficinas con capacidad de respuesta inmediata en El Callao para evitar trámites burocráticos en la capital o la CVM.
● Justicia para detenidos: Exigen el cierre formal de la causa y la liberación de los cuatro ciudadanos privados de libertad sin acusación en el caso Minerven
CORREO DEL CARONI
