La excarcelación masiva de presos políticos de las últimas horas, incluida la prisionera hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado Tabosky, confirma varias certezas tanto del actual momento político en el país criollo como del espíritu de la revolución bolivariana. Lo primero es que el proceso negociador forzado por Washington va muy en serio, pese a las polémicas que lo rodean.
Por: El Mundo
Y lo segundo es que con la reapertura de las mazmorras chavistas se vuelve a desnudar el infierno que han vivido estos presos y sus familias, víctimas muchos de ellos de torturas, violaciones, detenciones ilegales y desapariciones forzadas, como parte de la versión actualizada de la sippenhaft, la práctica nazi de perseguir y castigar a las familias de, sobre todo, militares rebeldes o sospechosos.
“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero se han liberado 1.046 venezolanos. A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, certificó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras las declaraciones previas del Gobierno bolivariano y de dirigentes opositores que forman parte de la delegación negociadora.
Las distintas organizaciones civiles de derechos humanos cuentan y recuentan en las últimas horas a través de los testimonios que las familias suben a las redes sociales. Confirmada la mitad (72, 17 mujeres), se suceden nuevas liberaciones. Ninguna de las mujeres que abandonó el penal del Inof (denominado el cementerio de mujeres vivas por el Observatorio Venezolano de Prisiones), junto a María Auxiliadora, olvidará el 14 de agosto, cuando dejaron atrás un calvario que parece de otro siglo.
Como el de la hispanovenezolana, capturada en 2019 junto a su marido, el militar Juan Carlos Marrufo, en medio de la persecución contra su hermano, también uniformado. María Auxiliadora (50 años), tan inocente como la inmensa mayoría de los presos políticos, fue acusada y sentenciada a 30 años por conspiración y financiamiento terrorista, cargos inventados después de vivir incluso un simulacro de liberación: a finales de 2019, tras varios meses con órdenes de libertad emitidas por un juez, ella y su marido fueron excarcelados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); en el taxi de camino a su municipio, las temidas Fuerzas Especiales de Nicolás Maduro (FAES) les capturaron de nuevo para acusarles de otros delitos inventados. Les encarcelaron y pese a la lucha constante de sus familiares, permanecieron presos hasta el viernes.
De la misma cárcel salió en libertad Yanín Pernía, de 29 años, presa desde 2018. Organizaciones proderechos humanos y su familia denunciaron una y otra vez que a Yanín la desaparecieron, electrocutaron, asfixiaron, la sumergieron en agua, la expusieron desnuda a bajas temperaturas y la torturaron con tanta crueldad que le arrancaron las uñas.
Pero su calvario sólo acababa de empezar: tras ser condenada a 30 años de cárcel, fue violada repetidamente por al menos 30 de los agentes que la vigilaban. Pese a los constantes denuncias, no se conoce la apertura de ningún proceso de investigación.
LA PATILLA
