El ministro de educación de Nicolás Maduro, Héctor Rodríguez, firmó una resolución en la cual invita a los profesores y maestros jubilados a regresar a trabajar a las aulas, a poco más de una semana del inicio del año escolar en el país. La medida busca cubrir una gran cantidad de vacantes existentes, particularmente en el sector público, a causa del desmantelamiento de su estructura salarial y la emigración masiva de trabajadores de la enseñanza.
Por El País
Rodríguez también anunció a los profesores del ministerio que estén en “comisión de servicios” -es decir, trabajando en funciones administrativas diferentes a las de la enseñanza- que deben regresar a trabajar como maestros. Al hacer el anuncio, Rodríguez reconoció que existen “algunas dificultades” para cubrir materias de enseñanza como matemáticas, física y química en la instrucción pública nacional, y agregó que era necesario “lograr rápido que los alumnos tengan todos sus profesores a tiempo completo”
“La principal tarea que tenemos es garantizar una educación de calidad, inclusiva y para todas y todos, pero la principal dificultad para lograr ese objetivo es nuestra propia burocracia, el funcionamiento del Ministerio”, manifestó. La tormenta hiperinflacionaria y la brutal contracción económica que vivió el país en el periodo 2014-2020 produjo un éxodo masivo de profesores desde finales de la década anterior, y un grave deterioro en el sistema educativo venezolano, una de las banderas de la propaganda chavista cuando habla de inversión social y logros de su gestión. La Federación Venezolana de Maestros, un sindicato educativo, calcula que se han marchado 100.000 maestros entre 2015 y 2020.
El Gobierno de Maduro se pasó varios años negando esta realidad, reivindicando que, pese a la crisis, “en Venezuela no se ha cerrado una sola escuela”. En este momento, sus voceros responsabilizan de las sanciones internacionales de lo que sucede, puesto que, según afirman, les ata de manos en términos presupuestarios. Un maestro de escuela pública gana en este momento un aproximado a 25 dólares mensuales (en 2010, pasaba de 400, y ya estaba mal pagado). Se benefician de algunos bonos adicionales que coloca en el Gobierno en sus billeteras digitales (unos 150 dólares más), y eventualmente buscan otros ingresos dando clases particulares.
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