Un comité integrado por 30 excarcelados y 12 familiares quienes conforman el comité central partió desde Bolívar para recorrer Venezuela, denunciando la falsificación de listas oficiales, la parálisis de excarcelaciones y el ocultamiento de presos fallecidos bajo custodia del Estado.
Con la advertencia de que más de 540 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos y que la cifra total de excarcelados ha sido manipulada por el Gobierno nacional, un grupo compuesto por 30 exprisioneros políticos que permanecen bajo medidas cautelares y 12 familiares de víctimas, inició en Ciudad Guayana la denominada “Ruta de la libertad”, un recorrido que prevé visitar cada estado del país para visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Daniel Romero, víctima de violación de la libertad, tal como lo señaló, denunció que las recientes listas de excarcelaciones publicadas por el Ejecutivo nacional están compuestas en su mayoría por detenidos por delitos comunes, con el fin de abultar los números ante la opinión pública internacional y la administración estadounidense.
“No hay liberación porque no hallan cómo ocultar a los desvividos”
El testimonio más contundente de la jornada estuvo a cargo de Masiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno Cordones (detenido desde 2020 por la causa Gedeón).
Cordones afirmó que el freno en las liberaciones prometidas responde a la imposibilidad del régimen de justificar la muerte de prisioneros sometidos a torturas o negligencia dentro de los centros de reclusión.
“Aquí no ha habido liberación total porque no encuentran cómo dar respuestas de aquellos que ellos desvivieron. No hallan cómo decirle al familiar que su hijo murió en custodia”, aseveró Cordones.
Citó casos específicos de irregularidades procesales y encubrimiento, como el de Víctor Quero, cuya muerte fue negada reiteradamente a sus familiares mientras permanecía retenido en el centro penitenciario Rodeo I, o el caso del detenido Víctor Parra, quien figura como “fallecido” dentro de su propio expediente judicial abierto, situación suficiente para declarar la nulidad de la causa.
Cordones desestimó igualmente la efectividad de la Ley de Amnistía, calificándola como una burla excluyente que deja por fuera a los efectivos militares, a quienes el aparato estatal criminaliza por disentir.
“Los presos políticos no son ficha de canje ni mercancía de negociación. La orden legal es que los liberen a todos”, enfatizó.
Excarcelados exigen el cierre definitivo de centros de tortura
Por su parte, Daniel Romero y el empresario José Ignacio Moreno -este último juzgado tras el litigio internacional del proyecto minero Las Cristinas- señalaron que salir de prisión bajo régimen de presentación no equivale a obtener la libertad real, pues los procesos judiciales se mantienen abiertos sin pruebas materiales.
Moreno subrayó que la continuidad de las medidas cautelares y la operatividad de recintos como El Helicoide, Yare o Rodeo I echan por tierra cualquier intento del Gobierno por proyectar estabilidad económica o atraer inversiones extranjeras.
“Si no respetan los derechos humanos, no van a respetar la ley ni los contratos, la violación de derechos frena cualquier inversión. Queremos participar en la reconstrucción del país, pero exigimos el cierre inmediato de los centros de tortura y la libertad plena de todos los venezolanos y extranjeros secuestrados en esos recintos”, puntualizó Moreno.
Los integrantes del movimiento confirmaron que en las próximas horas anunciarán el cronograma de movilización que llevará esta protesta ciudadana por las principales regiones del territorio nacional.
CORREO DEL CARONI
