Los tres policías eran los últimos funcionarios del caso de abril de 2002 que seguían presos, acumulando más de 24 años tras las rejas. A pesar del beneficio masivo anunciado por el Legislativo, los defensores de derechos humanos recuerdan que la lista de presos políticos supera los 500 casos
La organización no gubernamental Realidad Helicoide confirmó la excarcelación de los funcionarios Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, tres de los exefectivos de la Policía Metropolitana que permanecían tras las rejas desde hace más de dos décadas.
El reporte de la oenegé civil se produjo pocas horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara una medida de liberación masiva para 300 personas bajo argumentos humanitarios, incluyendo a los policías.
Pese al anuncio oficial sobre la reducción de la población penitenciaria por motivos políticos, Realidad Helicoide advirtió que la cifra de presos políticos en el país todavía asciende a las 500 personas. «Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres», señaló la organización defensora de derechos humanos a través de sus canales informativos.
¿Quiénes son los policías metropolitanos?
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina formaban parte del grupo de policías metropolitanos que fueron sentenciados a 30 años de prisión por los sucesos de Puente Llaguno en abril de 2002. Detenidos en abril de 2003 y condenados en 2009 por el Juzgado 4° de Juicio del estado Aragua, los tres exefectivos cumplieron más de 21 años de reclusión efectiva, marcados por un traslado en octubre de 2021 desde la cárcel militar de Ramo Verde (Miranda) hacia el Centro Penitenciario Fénix (Lara), lo que dificultó el régimen de visitas de sus familiares residentes en Miranda y Vargas.
- Héctor Rovaín: Ejerció el cargo de inspector jefe en la Policía Metropolitana. Tras su detención y posterior condena, cumplió reclusión en Ramo Verde hasta su traslado a la cárcel de Fénix en 2021. Su hermana, Elba Rovaín, lideró activamente gestiones públicas en demanda de su excarcelación, en especial luego de que en marzo de 2026 un tribunal denegara una solicitud de amnistía presentada para el grupo, pese a tener los cómputos de tiempo vencidos para optar a beneficios de ley.
- Erasmo Bolívar: Se desempeñaba como agente de la institución policial. Tenía 27 años al momento de su arresto en 2003 y actualmente cuenta con 50 años de edad. Reportes consignados por sus familiares y la organización Foro Penal señalan que su permanencia en prisión le causó graves problemas de salud, incluyendo dolores estomacales crónicos, desprendimiento de retina y severas dificultades de movilidad derivadas de una intervención quirúrgica en la rodilla.
- Luis Molina: Cumplía funciones como distinguido y patrullero dentro del cuerpo policial. Al igual que sus compañeros, estuvo en Ramo Verde hasta que se ejecutó su traslado al estado Lara en octubre de 2021. En mayo de 2025, Molina tuvo que ser ingresado de urgencia al Hospital Central de Barquisimeto debido a un cuadro de peritonitis. De acuerdo con informes de Foro Penal, sus complicaciones de salud física provocaron la interrupción forzada de las actividades técnicas y de capacitación que realizaba dentro del penal.
Lo que dijo Jorge Rodríguez
En la sesión de este 19 de mayo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el proceso de excarcelaciones comenzó a ejecutarse entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Apuntó que se han aplicado beneficios procesales especiales dirigidos a grupos considerados vulnerables, como personas mayores de 70 años, menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, y reclusos con patologías de salud crónicas.
El listado institucional, además de los tres exfuncionarios policiales, incorporó los casos de la adolescente Samantha Hernández, de 16 años de edad —excarcelada con medidas cautelares sustitutivas la noche del 18 de mayo—, y de la ciudadana Merys Torres, quien había sido vinculada de forma previa por los organismos de seguridad del Estado en investigaciones referidas a presuntos planes de atentados en la capital.
¿Qué ha pasado antes?
En los últimos días, organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones civiles y partidos políticos, entre otros, han reforzado su exigencia de liberación de todos los presos políticos tras la muerte de Carmen Teresa Navas, quien falleció 10 días después de enterarse de que su hijo estaba muerto desde julio de 2025 y ninguna institución del Estado lo había confirmado, pese a su insistente búsqueda.
El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios notificó formalmente que Víctor Hugo Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, a causa de una presunta insuficiencia respiratoria aguda asociada a un tromboembolismo pulmonar. El balance de las organizaciones de derechos humanos evidencia que la confirmación llegó con más de un año de retraso, lapso durante el cual la familia denunció la condición de desaparición forzada en la que se mantenía el caso.
El caso ha generado indignación en la sociedad civil venezolana y rechazo por parte de la comunidad internacional.
Días antes del deceso de la mujer de 81 años, pero después de conocerse la confirmación del fallecimiento de su hijo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 12 de mayo que su gobierno va a asegurarse de que todos los presos políticos de Venezuela sean liberados. El mandatario también alabó la gestión de Delcy Rodríguez, encargada del poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
«Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles», insistió, una vez más, Trump.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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