En el centro del deslave de la institucionalidad democrática y el consecuencial retroceso de la nación en cualquiera de los órdenes que se analice, ocupa posición principalísima un Poder Electoral cooptado y manipulado por el régimen chavista desde sus orígenes, hasta llegar a la máxima expresión de su degradación como los fueron los tres fraudes que se perpetraron del 28-J de julio del 2024 y los subsiguientes del 25 de mayo y 28 de julio del 2025.
Ha sido con la obsecuente complicidad de la representación mayoritaria del oficialismo en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se ha burlado por más de dos década la voluntad soberana de los venezolanos hasta arrojarnos al generalizado (y trágico) escenario de ilegitimidad de los poderes consagrados en la Constitución, comenzando por Ejecutivo y el Legislativo, del cual emanan después aquellos poderes cuyos integrantes designa la presidencia o se eligen en el seno de la Asamblea Nacional.
La gran mayoría de los venezolanos recuerda, rechaza y condena lo que fue el paso por la presidencia del CNE de personajes como Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena y el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, el mago de la servilleta de la indignidad. Todos en su momento fueron sentando las bases para que en Venezuela haya regido hasta hoy un ventajismo electoral sin límites ni paralelos, que creyeron invencible, pero que sin embargo la oposición venezolana derrotó holgadamente en 2014 y 2025, por mencionar sólo dos casos.
Como en otras de las ofertas iniciales de la farsa revolucionaria, el «nuevo» poder electoral sería «expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica». Traería, afirmaban, la superación del concepto del sufragio como derecho, «hasta la consagración de las formas de participación que trascienden con creces a la simple formulación de propuestas comiciales». En papel quedó y del papel no pasó.
Ahora bien, dos cosas le agradecieron inicialmente los venezolanos a la intervención norteamericana del 3 de enero. Desalojar del poder a un mandatario ilegítimo, corrupto, corresponsable de muchos años de represión sanguinaria y violador de otros derechos humanos fundamentales.
Y lo segundo, reabrir la posibilidad de un cambio institucional a todos los niveles, incluido por supuesto el órgano electoral para la realización de unas elecciones libres que conduzcan a una nueva Venezuela.
Pero el grueso de la población colmada hasta el hartazgo de los desmanes de quienes han asumido a Venezuela como su propiedad exclusiva, ha chocado con una dura y cruda realidad. El interés primordial de quien tutela a los herederos del dictador está puesto en la explotación de la riqueza petrolífera y minera del país y lograr todas las condiciones para su óptima concreción. Allí, dice el jefe del imperio, todo funciona a pedir de boca. Todo es ejecutado a perfección por la interina Delcy Rodríguez, que recibe por sus eficientes servicios los más encomiables epítetos del presidente norteamericano.
La ofrecida reinstitucionalización del país, prevista en la hoja de ruta delineada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, va quedando muy lejos del cambio en lo económico, donde aparte de el aumento de la inversión petrolera, el levantamiento de las sanciones y la supuestamente próxima reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI) (una de las bestias negras del «socialismo del siglo XXI») van pavimentando el camino del tránsito hacia las mejoras de la economía.
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Pero en lo institucional las señales son cada vez peores. Tras la destitución del Fiscal y del Defensor del Pueblo, el régimen volvió a quedarse con esos cargos por intermedio de cómplices o sumisos. Un ministro de la Defensa que salió de su cargo bajo la repulsa popular ha regresado por la puerta trasera.
No terminan de ser liberados los presos políticos ni se cancelan los juicios de otros, la protesta popular y sindical sigue siendo reprimida y los periodistas atropellados. Y el jueves se llegó al extremo de detener al dirigente Alexis Paparoni. La prédica de la amenaza y el insulto sigue a la orden del día.
Una mezcla de desazón, preocupación y desconcierto recorre el país. Si los cambios en el CNE vinieran a desarrollarse con las mismas engañifas gatopardianas de lo que hemos visto hasta ahora, Venezuela no verá el renacer de la democracia por mucho tiempo más.
Se impone estructurar un CNE que inspire confianza y garantías a todos los venezolanos, comenzando por la participación electoral de todos los candidatos, incluida María Corina Machado, y de todos los electores, dentro y fuera del país. Es justicia y es la lucha que con seguridad el pueblo venezolano está dispuesto a dar en la calle.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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