Los embates de la naturaleza contra el litoral central el pasado 24 de junio resultaron inmensamente más devastadores que el deslave del 15 de diciembre del 99, no sólo por las dimensiones y características del cataclismo sino porque encontró una geografía y una población con graves secuelas del anterior siniestro, un país disminuido en sus recursos humanos y económicos y en peores condiciones financieras para su recuperación.
A primera vista, luce como una aseveración exageradamente negativa o pesimista, pero lo es mucho más si tomamos en cuenta el clima de indefiniciones políticas en que es mantenido el país después de la defenestración de Maduro el 3 de enero.
A ciencia cierta, todavía no sabemos a dónde nos conducirá una alianza anti histórica entre un régimen comunista en esencia y la administración norteamericana, hoy de nuevo impulso imperialista. Mucho más si se represa o se impide la participación del liderazgo y las fuerzas políticas que –venciendo todas las adversidades del ventajismo oficialista– derrotaron al régimen el 28 de julio del 2024.
Una derrota humillante que llevó a la cúpula a la insensatez histórica –otra de una interminable serie– de perpetrar un fraude sin el cual, dicho sea de paso, la intervención armada de los Estados Unidos no hubiera encontrado las condiciones o justificaciones sobre las cuales actuó militarmente.
El grueso de la población tiene poca o ninguna confianza en que sea el interinato, corresponsable en todos los ámbitos del desastre nacional que lideraron Chávez y Maduro, al que le corresponda y pueda conducir al país hacia su recuperación, que debe ser plena en lo material y en lo institucional.
Ahora que hay que reparar, rehabilitar o levantar nuevas edificaciones vale la pena recordar al papel al que fue relegado la industria privada de la construcción cuando se lanzó la Misión Vivienda, para lo cual previamente fueron expropiadas las empresas cementeras dando paso a la Corporación Socialista del Cemento.
A los pocos años, la caída en más de un 40% en la producción y el desabastecimiento no se hicieron esperar, según las investigaciones de Transparencia Venezuela.
El monopolio de los insumos para la construcción, que lideraron Chávez y Rafael Ramírez a través de Pdvsa, fue marcado y general. Empresas extranjeras trajeron no solamente sus técnicas, hoy sorpresivas cuando entre ruinas aparecieron las evidencias del anime y la goma espuma, sino hasta a sus propios obreros.
Tampoco tardó en aparecer la mano cubana. Contratistas que participaron en la Misión Vivienda relatan como desde Pertigalete se exportó cemento venezolano hacia Cuba, que luego regresó ensacado en bolsas de Cementos Cienfuegos y pagado a precio de mercado internacional. Parte de la «gran misión» de entreguismo nacional que conocimos todos estos años.
Después de años de despropósitos, ahora apuran la reforma de la ley de alquileres y las jurisprudencias anti desalojos que tanto restringieron el mercado inmobiliario en perjuicio de propietarios y potenciales inquilinos. Nada borra de la memoria colectiva ese historial de iniquidades. Desde hace muchos años el régimen trata de sobrevivir sobre sus escombros.
Lo que se visualiza, preliminarmente, es que los Estados Unidos profundizarán el tutelaje, asumirán directamente tareas de reconstrucción, para lo cual ya tienen dos o tres mil operadores, entre militares y civiles en el terreno. Loable esfuerzo de cooperación del que seguramente el régimen tratará de servirse para prolongar su falaz imagen de gran proveedor y dispensador de todas las bondades.
Una decisión impostergable, por Gregorio Salazar
Mientras tanto los habitantes de La Guaira y alrededores todavía enjugan sus lágrimas entre un mar de escombros. No renuncian a rescatar los restos de sus seres queridos, de sus amigos o sus vecinos para darles cristiana sepultura. Literalmente con las uñas los siguen extrayendo de los amasijos de hierro y hormigón. Son un homenaje viviente a la solidaridad y el amor al prójimo.
Estabilizar anímicamente a la ciudanía, frenar el retroceso, iniciar la recuperación abriendo las compuertas a todas las potencialidades del país sobre la base de una evaluación correcta de daños, recursos y potencialidades, abrir paso a instituciones de procederes rectos y confiables es la titánica que debe afrontar el país con el nuevo liderazgo surgido el 28-J y con un verdadero clima de convivencia, comenzando por el respeto a los derechos humanos.
Urge que ese liderazgo sea ratificado en unas nuevas elecciones no más allá del 2027.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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