Entre el 29 y el 30 de julio, los sectores populares de Venezuela lideraron masivas movilizaciones en protesta contra el fraude electoral y el irrespeto a la voluntad popular expresada el 28/7, perpetrados por Maduro y sus milicos.
El régimen se vio sorprendido por la magnitud y el perfil socioeconómico de las protestas. El aparato represivo de Maduro se mostró torpe e inicialmente ineficaz, mientras las manifestaciones se extendían por todo el país. La naturaleza sorpresiva y espontanea de estas protestas desbordó la capacidad de respuesta de las fuerzas de represivas del régimen.
Lamentablemente, las protestas no condujeron a una verdadera insurrección popular que hubiese permitido «cobrar» el resultado electoral del 28/7. Existían condiciones objetivas (desempleo, inflación, falta de libertades, corrupción, hambre y miseria) y subjetivas (momento desencadenante –fraude–, esperanzas de cambio) que creaban el escenario ideal para el surgimiento de una rebelión popular. Lastimosamente, la dirigencia opositora optó por redactar proclamas laudatorias en torno al 28/7, en lugar de haber asumido la dirección política de esas protestas libertarias. Con ello, se perdió la coyuntura, la oportunidad hacer valer la voluntad popular expresada el 28/7, y por ende un nuevo despertar democrático.
La orfandad política y organizativa le permitió al régimen literalmente «aplastar» las protestas populares. La oleada represiva se tradujo en el asesinato de 28 jóvenes y en la detención de más de 2.000 personas, incluyendo un elevado número de menores de edad, mujeres y líderes sociales. Los detenidos, etiquetados como terroristas, han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de enfrentar procesos judiciales arbitrarios. Maduro y sus militares impusieron un terrorismo de Estado que sembró miedo, terror y muerte.
La esperanza de un cambio político ha comenzado a desvanecerse, y el espíritu de resistencia, especialmente en los sectores populares, se ha debilitado. La intimidación, la represión y la violencia han erosionado el ánimo de quienes alguna vez acariciaron la posibilidad de un cambio político el pasado 28/7. Donde alguna vez brotó la esperanza, ahora reinan el miedo y el temor.
Convertir el 10 de enero de 2025, fecha de la juramentación presidencial, en un punto de inflexión para el cambio político es un grave error. La idea de que Edmundo González asuma la presidencia ese día es una de las menos probables (TalCual, 31/10/2024); de hecho, es posible que nunca lo haga. Esta estrategia ilusoria ha sido fomentada por sectores fanatizados de la oposición y por opinadores oportunistas que se lucran explotando esa esperanza. Desde una perspectiva política, esto equivale a entregarle a Maduro una victoria política en bandeja de plata, generando frustración entre quienes anhelan un cambio político.
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Es momento de diseñar una nueva estrategia postelectoral realista, orientada hacia la construcción de un movimiento inclusivo y diverso, libre de hiperliderazgos hegemónicos, que sea capaz de representar de manera plural las distintas voces de la sociedad.
Esta estrategia debe fundamentarse en la defensa de la Constitución Nacional, la lucha por los derechos sociales y la libertad de los presos políticos, quienes han sido invisibilizados y criminalizados por el régimen y abandonados por los actores políticos.
La tarea no es sencilla, pero es el único camino hacia el derrocamiento del régimen de facto que representará Maduro a partir del 10 de enero de 2025.
José Rafael López Padrino es Médico cirujano en la UNAM. Doctorado de la Clínica Mayo-Minnesota University.
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