Conceptualmente la deuda social se entiende como el incumplimiento a todo un sistema de las obligaciones del Estado y la sociedad hacia los sectores más vulnerables. No es una deuda de capital, sino de justicia y de equidad. En el caso venezolano, la deuda social no es solo el resultado de una desigualdad histórica, sino de una contracción económica masiva y una crisis institucional que ha erosionado el bienestar en las últimas décadas.
El costo de la deuda social en Venezuela se manifiesta en los siguientes niveles principales:
En cuanto a la destrucción del Capital Humano con la emigración de millones de profesionales y técnicos (fuga de cerebros) representa un costo de pérdida incalculable.
El costo de reposición de los servicios de electricidad, agua y salud es significativamente más alto que el costo que habría tenido el mantenimiento preventivo.
Los daños ocasionados son demasiado evidentes y se manifiestan principalmente en la Emergencia Humanitaria Compleja referido al sistema público de salud, lo que ha provocado el retorno de enfermedades erradicadas y un aumento en la mortalidad materna e infantil. Además, la desinstitucionalización de la estructura formal del estado lo cual ha llevado a una informalización de la justicia y la economía.
Para abordar esta deuda en Venezuela, el análisis político y sociológico sugiere que no basta con transferencias monetarias; se requiere una reconstrucción estructural de la sociedad:
El modelo populista debe transitar hacia la creación de empleo de valor. Esto implica una estabilización macroeconómica que permita que el salario real recupere su función de sustento y movilidad social, vinculándolo nuevamente a la productividad. Por otra parte, es imperativo restaurar los sistemas de salud primaria y educación básica. Un niño que no recibe nutrición adecuada en sus primeros años de crecimiento genera un daño neurológico y social que se vuelve una carga permanente para el Estado.
En conclusión, la deuda social en Venezuela no se solventará únicamente con el aumento de los ingresos petroleros o externos; requiere una reingeniería del Estado que priorice la reparación del capital humano y la seguridad jurídica para fomentar una inversión que sea socialmente responsable.
Economista José Luis Alcocer
