Pedro Rafael Tellechea es el quinto de los 11 presidentes que ha tenido Pdvsa en la era chavista-madurista que ha sido detenido, enjuiciado o involucrado en hechos de corrupción. Al también exministro de Petróleo lo acusan de «atentar contra los intereses de la nación». El máximo cargo en la petrolera estatal es muy apetecible debido al poder que otorga al que lo ostenta. Un poder que ha sido amasado por la falta de contraloría y fiscalización por parte de las autoridades encargadas para ello, y que han sido causantes de las muchas transgresiones a las normas
Conspiración económica, tramas de corrupción, espionaje o traición a la Patria son los mayores delitos por los que la Fiscalía venezolana ha acusado a funcionarios de la estatal Pdvsa y del Ministerio de Petróleo en casos relacionados al sector y que se extiende a otras empresas públicas. El reciente arresto de Pedro Rafael Tellechea por la presunta comisión de «graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación», revela nuevamente la falta de controles internos en la industria y los peligros de aceptar un cargo apetecible, el cual de acuerdo a los acontecimientos en las últimas dos décadas, otorga más que poder.
Con la detención de Tellechea, han sido arrestados o acusados por irregularidades cinco de los 11 presidentes que ha tenido Petróleos de Venezuela en la era chavista, es decir, desde 1999 con la llegada al gobierno de Hugo Chávez y hasta 2024 con el gobernante Nicolás Maduro. A lo que se suma los cientos de funcionarios de más alto nivel de la empresa estatal, muchos de ellos integrantes de las diversas juntas directivas y directores de las filiales de Pdvsa en el país y en el exterior, involucrados en irregularidades.
En unas declaraciones dadas este lunes 21 de octubre en la noche, Maduro embistió contra quienes, según él, lo quieren traicionar para quitarle el poder. Aunque no señaló a personas específicas, dejó entrever que hablaba de Tellechea.
«Nosotros estamos en una batalla, compañeros y compañeras, incansable en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición y todo esto va unido, ustedes lo saben muy bien, no tienen un presidente cobarde (…) No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores, vamos por ellos, caiga quien caiga», aseguró.
Al momento de escribir esta nota, aún se desconocían más detalles sobre las acusaciones contra Tellechea y sus «colaboradores» también arrestados, según informó el Ministerio Público en un corto comunicado divulgado el lunes 21 de octubre. Los nombres de estas personas no fueron dados a conocer, tampoco se informó el lugar de reclusión del expresidente de Pdvsa ni cuándo sería presentado en tribunales.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó en una rueda de prensa ofrecida este martes 22, que Tellechea fue detenido por entregar a una empresa norteamericana el contrato para administrar el sistema operativo central de Pdvsa.
«Toda corrupción va acompañada de la traición. Caiga quien caiga como también lo dijo el presidente Chávez. Tellechea entregó a la misma empresa del imperialismo que lo tenía durante el golpe de Estado de 2002. ¿Inocentes? A estas altura no puede haber inocentes y menos a esos niveles. Con pagos hechos con licencia, de los cuales no tenemos esas licencias y que no valen 10 dólares, son millones de dólares. Puso en un altísimo riesgo la estabilidad de la industria petrolera, nuevamente. ¿Se estaba preparando otro 11 de abril? De gerente exitoso a traición a la patria», dijo.
Señaló Cabello que el Gobierno nacional hizo lo que le corresponde, una investigación profunda en Pdvsa y que «habrá que revisar métodos, funciones», mientras que la Fiscalía se encuentra llevando a cabo las averiguaciones. No obstante, aún se está a la espera de mayores detalles del caso por parte del fiscal Tarek William Saab.
«La escasa información oficial sobre el juicio de los ahora exfuncionarios que ya han sido acusados por la Fiscalía y que llevan años arrestados, forma parte de esa opacidad a la que nos tiene acostumbrados el chavismo-madurismo. No sabemos si los juicios están paralizados y la razón, si ya fueron sentenciados o los delitos por los que finalmente los enjuician y los montos involucrados en los hechos irregulares», señaló un experto legal que prefirió mantener su anonimato y quien se pregunta qué pasó con el enjuiciamiento de Eulogio del Pino y Tareck El Aissami, detenidos en las celdas de la policía política Sebin.
Agregó el abogado que así como se desconoce el estatus de los juicios, tampoco se sabe de los planes de contraloría interna que se debe llevar adelante en toda empresa pública y más con Pdvsa, donde han ocurrido miles de irregularidades administrativas.
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¿Por qué Pdvsa y su petróleo genera corrupción?
Una de las causas por las que la industria petrolera ha sido caldo de irregularidades y de operaciones que lesionaron al Fisco nacional, fueron los inmensos recursos en ingresos externos que recibió el país durante un poco más de una década que llegó a alcanzar el billón de dólares. No obstante, el relajamiento de los controles internos y la falta de fiscalización o auditorías externas, así como la ausencia en las investigaciones por parte de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, también fueron causantes de las malas prácticas a pesar de las denuncias que se hicieron contra funcionarios de la estatal por violar las normas.
«Muchas de las detenciones solo se llegaron a ejecutar para amedrentar a algún funcionario critico del actual gobierno. Este es el caso de Rafael Ramírez que luego de varias denuncias en su contra, de la investigación que llevó a cabo la Comisión de Contraloría de la Asamblea de mayoría opositora en 2006, el Gobierno se negó a investigar hasta que Ramírez rompió relaciones políticas con Maduro. Es un tema más político que cualquier otra cosa, es una estrategia política. Sin embargo, en algunos casos el robo fue tan descarado que no les quedó más remedio que actuar», afirmó el experto legal consultado.
No obstante, las transgresiones a la Ley de Contrataciones Públicas en más de la mitad de los casos de corrupción que se han develado, son el caldo del cultivo en la prosperidad de las irregularidades.
Un informe de la ONG Transparencia Venezuela destaca que entre las violaciones a la Ley se encuentran: evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionarios con contratistas, adjudicación de contratos a empresas no calificadas ni técnica ni financieramente (empresas fantasmas o de fachada), adjudicación de contratos a compañías cuyas ofertas no representaban ventaja económica, adquisición de compromisos sin disponibilidad presupuestaria, incumplimiento de contratos, ausencia de fianzas, ausencia de documentos o expedientes y sobreprecios.
Los mayores casos investigados por la Fiscalía venezolana son el desfalco de Bariven, filial de Pdvsa; la Operación Atlantic, el caso Andorra en el que el MP acusó a Rafael Ramírez y; la trama de corrupción Pdvsa Cripto con la cual está detenido desde 2022 Tarek El Aissami y otros altos funcionarios.
En varios casos de presunta gran corrupción con dinero público de Pdvsa, se recurrió a la adjudicación directa amparados en convenios bilaterales y los cuales no fueron autorizados o auditados por la Asamblea Nacional. Entre esos casos destaca las contrataciones a empresas argentinas y uruguayas.
En Argentina, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitió en abril de 2019, un informe que contiene presuntas irregularidades (sobreprecio, posibles pagos duplicados, ausencia de facturas, entre otros) en el manejo del Fideicomiso de Pdvsa a través del cual se contrató y pagó a las empresas argentinas que exportaron alimentos y medicinas a Venezuela. En Uruguay, el Parlamento Nacional, inició en 2016 una investigación en la que destacó el vínculo notorio de personas y empresas, con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se les concedió una posición preferente, para realizar negocios con Venezuela.
Otros casos, por los menos 25, se vincularon con el delito de peculado dentro de la industria. También se han registrado casos en los que se evidencia que funcionarios o empresarios vinculados con Pdvsa presuntamente incurrieron en delitos de tipo cambiario, obstrucción a la libertad de comercio, contrabando, extorsión, alteración o uso ilegal de los sistemas de información, tráfico ilícito de material estratégico e incluso tráfico de drogas en vehículos propiedad de Pdvsa. Es decir, toda una serie de delitos jamás visto en una sola empresa pública en el país.
Todo ello aún ocurre en una industria que ha venido a menos, al pasar de producir 3,2 millones de barriles diarios a 900 mil b/d en la actualidad y cuyos ingresos petroleros pasaron de 40.000 millones de dólares en 2014 a $6.230 millones en 2023.
«Ha sido una total desidia. No solo no se preocuparon por investigar las irregularidades que ocurrían dentro de Pdvsa, es que tampoco se comprometieron a llevar a cabo el mantenimiento y las mejoras que necesitaba la industria en general», recalcó un analista petrolero que también prefirió mantener su nombre en reserva.
«El haber puesto a hombres con poco conocimiento en hidrocarburos, militares o dirigentes con amplia afiliación al partido político del gobierno, hizo que Pdvsa cayera en el foso en el que se encuentra. No había espíritu de lo que significa ser un trabajador de la industria, solo estaban para obtener el poder que daba ser presidente de la más importante empresa pública del país», dijo la persona consultada.
La responsabilidad de la Contraloría y la AN
En 2017 y luego de años de denuncias sobre irregularidades en Pdvsa, la Contraloría General informó que iniciaría investigaciones en las unidades de auditoría interna de la empresa y especialmente una verificación a esas unidades. Pasado el tiempo, poco o nada se sabe de esa evaluación, si se exigió la aplicación de correctivos o si se sancionaron los procedimientos administrativos correspondientes.
Para el año 2022 -por cierto-, en un informe de la Contraloría se aseguró que luego de varias inspecciones en Pdvsa, no se mencionan detalles de lo observado ni tampoco se dio información sobre si habían encontrado irregularidades. Esto a pesar de que el ministro de Petróleo para ese entonces, Tareck El Aissami había alertado de un megafraude de $4.850 millones que se había cometido en contra de la empresa.
«Estos son ejemplos de la poca voluntad de querer investigar y castigar a la corrupción cometida por su propia gente (PSUV). Además, está clara la falta de independencia de los poderes los cuales están supeditados al gobierno. ¿Qué los funcionarios son responsables por los delitos cometidos? Sí, pero también son responsables las autoridades que no han cumplido con sus funciones», acotó el abogado consultado.
Entre esos organismos que no han hecho su parte, resalta la Asamblea Nacional, la cual desde hace muchos años no lleva a cabo una investigación sobre la debacle de Pdvsa ni de las irregularidades que se han cometido. Mientras la AN de mayoría opositora presentó un extenso informe sobre irregularidades cometidas durante la gestión de Rafael Ramírez, los órganos competentes hicieron caso omiso, pues aún el funcionario gozaba de la simpatía del gobierno.
«Las comisiones de Energía y Petróleo o la de Contraloría han podido interpelar a todos los funcionarios involucrados y realizar sus propias investigaciones. Incluso pudieron pedir un voto de censura a los ministros de Petróleo. Pero nada, se quedaron de brazos cruzados al igual que la Contraloría General», dijo el experto legal.
Lamentablemente en Pdvsa, la historia de corrupción se repite y se repite, pero también la inacción y/o la falta de voluntad de las autoridades.
Ahiana Figueroa
TAL CUAL
