Foto: Acceso a la justicia
Sobre un mismo tema hay dos sentencias contradictorias. Una proviene de la Sala Electoral del TSJ. La otra del veredicto electoral. Las dos sentencias reflejan la contradicción entre Estado y sociedad. Esta contradicción es insostenible y menos si el gobierno decide retrotraer al Estado hacia su degradación policial militar. Esa sería, para todos, la peor de las opciones posibles.
La refutación electoral al gobierno proviene de la oposición y de una parte significativa de las bases populares que sostienen al actual presidente. La sentencia del soberano a través del voto, distinta a la sentencia de la Sala electoral, es inequívoca: la gestión gubernamental de Maduro, al margen de su fidelidad o no con el proyecto chavista, ha sido catastrófica. Aunque aún la aprueba un tercio de los venezolanos.
El gobierno no quiere esclarecer la verdad electoral sino impedirla. En ese intento, ha quedado aislado de la gente, de los gobiernos democráticos del mundo e incluso de líderes de la izquierda democrática del continente que abogan para que acepte reconfigurar al PSUV y renovar su proyecto para aspirar a volver al poder por vía de los votos.
Es la cúpula del régimen la que está cerrando y cerrándose la opción electoral. Aceptar los resultados y negociar ventajosamente una transición es la posibilidad para que Maduro actúe como un gran reformador que una justicia social con libertad. Es una oportunidad que se pierde con un origen tribunalicio de un tercer mandato.
El Boletín N° 1 fue una rubiera vergonzosa. Pero la decisión de sacar el escrutinio y la totalización del CNE desata procesos institucionalmente indeseables: a) Convierte al CNE en una institución pintada en la pared, servil a la voz del Ejecutivo e incapaz de conservar sus atribuciones constitucionales. Amoroso perdió todo resto de credibilidad de un modo irreversible; b) Se le impuso a la Sala Electoral del TSJ un cometido que no le corresponde y se la anula como instancia de apelación; c) Se subsume el proceso político administrativo de la proclamación en una judicialización de la voluntad del soberano: Se convierten derechos electorales en delitos. .
Enfrentamos una voluntad de bloquear el cambio por un Estado que es un adversario poderoso. Hasta ahora habíamos tenido un régimen autoritario, focalizado en la vigilancia y el control ciudadano y ahora tenemos un Estado autoritario focalizado en su función coercitiva y represiva. En los años anteriores tuvimos ciertos márgenes y franjas para un ejercicio político democrático. Ahora, sin una caracterización precisa y definitiva, ¡cual situación vamos afrontar?
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Las fuerzas democráticas están obligadas a repensar su papel, diversificar sus formas de lucha, ser responsables con el lenguaje, mejorar sus relaciones con la sociedad que resiste. Hay que reflexionar sobre una estrategia que no esté exclusivamente basada en el desafío y la lucha frontal contra el régimen.
La lucha electoral, la presencia en las instituciones, el retorno a la reconstrucción unitaria del movimiento popular, el aprovechamiento de los espacios comunicacionales y el trato humano a la gente forman parte de la construcción descentralizada de fuerzas alternativas desde muchos pequeños espacios.
La dirección de María Corina y Edmundo es hoy indiscutible e indispensable. Para fortalecerlo hacen falta muchos más dirigentes creíbles y responsables ante la gente. Segundo, hay que tener soluciones a los problemas cotidianos y siempre ofrecer y debatir opciones de entendimiento que superen el conflicto de poder que generó la interrupción de los resultados y el ocultamiento de las actas. Tercero, todo repliegue pide preparar condiciones para logros precisos. Y cuarto, siempre hay que avanzar hacia la democracia y preservar la enorme y plural fuerza de cambio que nos dejó la sentencia de los votos el 28 de julio.
Simón García es analista político. Cofundador del MAS.
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