La acusación sostiene que los procesados formaban parte de una estructura que captaba mujeres en Venezuela, financiaba sus viajes hasta Madrid y las alojaba en una vivienda de Villaverde Bajo, donde debían ejercer la prostitución las 24 horas del día, los siete días de la semana, en condiciones de explotación para saldar deudas que, según varias testigos, oscilaban entre los 4.000 y los 6.500 euros. Las mujeres entregaban la mitad de lo que ganaban a la casa y con el resto debían afrontar la deuda, la comida y otros gastos.
Durante el juicio, varias testigos protegidas declararon por videoconferencia. Una de ellas se negó inicialmente a prestar declaración si no podía utilizar un distorsionador de voz. «Tengo mucho miedo y exijo usar el distorsionador», llegó a decir ante la sala.
Las declaraciones coincidieron en describir un piso saturado de mujeres. Una de las testigos aseguró que convivían entre 15 y 16 personas en una vivienda con dos habitaciones, salón, cocina, terraza y dos baños. «Dormía donde cayera la noche. No había espacio para dormir. Llegué a dormir hasta en el suelo de la terraza», relató.
Según las testigos, toda la actividad se coordinaba a través de un grupo de WhatsApp llamado «Las Especialistas de San Isidro». En él estaban integradas las mujeres explotadas en el piso y, según declararon varias de ellas, figuraban como administradores los dos acusados junto a otra mujer.
A través de ese chat se anunciaban clientes, horarios y normas internas. También servía para gestionar peticiones de drogas o medicamentos. Una de las mujeres explicó que cuando un cliente solicitaba sustancias se utilizaban códigos mediante emojis: «Fresa» para el tusi, un copo de nieve para la cocaína y la palabra «viagra» cuando se trataba de ese medicamento.
LA PATILLA
