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Argentina concedió refugio político a la familia del teniente venezolano asesinado en Chile, Ronald Ojeda. La viuda, su hijo, hermana y sobrinos abandonaron el país debido a la inseguridad y seguimientos de los cuales han sido víctimas posterior al macabro hecho.
El abogado de la familia gestionó la acción ante el gobierno que encabeza Javier Milei. Esta medida evidencia la incapacidad de Chile para brindar la protección necesaria a la familia Ojeda, reseñó Bio Bio Chile.
Argentina brindará lo que, en la práctica, Chile no pudo. La familia del teniente (r) del Ejército Bolivariano de Venezuela, Ronald Ojeda, se fue de Chile a la República Argentina, aduciendo inseguridad y alto riesgo tras el secuestro y asesinato del opositor al gobierno chavista en tierras chilenas.
Según fuentes que conocieron las conversaciones, desde hace meses se iniciaron los diálogos amparados en los “mecanismos internacionales” que existen. Es en base a esto que Josmarghy Castillo, viuda de Ojeda, y Mayra Ojeda, hermana del asesinado, además del hijo y sobrinos, decidieron pedir formalmente al país vecino “refugio” frente a la situación que están viviendo.
Josmarghy Castillo “ha denunciado seguimientos y vigilancias inusitadas, no vinculadas a su relación con la fiscalía chilena”. Además, la solicitud señala que “han intentado hackear sus redes sociales de Instagram y Facebook desde Venezuela (hecho también denunciado)”, según se lee en la presentación.
El documento que fue entregado por el abogado Manríquez, emitido el 4 de julio a las 18:09, fue dirigido a Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad de Asesores del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, encabezado por la ex candidata presidencial y actual titular de ese ministerio, Patricia Bullrich.
En la solicitud, junto con explicar los detalles del Caso Ojeda desde el momento del secuestro, las torturas, el asesinato y el descubrimiento del cuerpo, se agregó la inseguridad que viven los familiares directos que a la fecha de emitido ese relato no contaban con seguridad de parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile ni mucho menos instrucciones particulares de la fiscalía para resguardarlos.
Fue el 2 de marzo cuando, en la toma “de los haitianos” en Maipú, fue hallado enterrado el cuerpo de Ojeda, el que estaba dentro de una maleta cubierta por una losa de cemento.
Ese día, dijo Castillo, “me llamó una persona de la PDI, me dijo ‘Quiero que te quedes tranquila porque no es’ y yo ‘gracias por avisarme’”.
“Eso fue temprano y en la tarde van de la Fiscalía y me dicen ‘necesitamos ADN’, ‘qué raro’, ‘es que necesitamos descartar’. Se le tomó una muestra a mi cuñada, buscaron ADN de mi esposo y al poco tiempo llegan de nuevo a decirme que sí era él. Y no podía creerlo y no puedo creer que se hayan demorado tanto en esto y que simplemente hayan encontrado su cuerpo por una llamada anónima”, contó.
Agregó que “veo en la TV que metieron una excavadora gigante, ¡por Dios! Cómo puedo saber si se hizo el trabajo correctamente, no he visto fotos y videos y se demoraron en mostrármelo y siento, y sé que yo tenía el derecho a ver su cuerpo antes de manipularlo”.
