Justicia, Encuentro y Perdón ha destacado la urgencia de trascender la documentación de las detenciones arbitrarias para incorporar la figura de daño extensivo y la correlación entre deterioro médico de las familias con las «acciones u omisiones» de los entes judiciales. Cree además que los fallecimientos de las madres de presos políticos deben ser incorporados en el registro de caso de «muertes potencialmente imputables al Estado» por su responsabilidad en las «condiciones extremas de sufrimiento»
Es un calvario ser madre de un preso político en un país donde organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian violaciones a garantías fundamentales, retrasos procesales, desapariciones forzadas y ausencia de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas.
Durante años, en Venezuela, las mamás de personas detenidas por motivos políticos e incluso familiares de desaparecidos han llevado sobre sus hombros una carga que sobrepasaría la capacidad de resistencia de cualquiera: la tristeza y la incertidumbre vestidas de esperanza con cada anuncio que les hace pensar que el fin del peregrinaje por cárceles, fiscalías, tribunales o despachos estatales está cerca. Pero siguen.
Siguen esperando listas de excarcelación, recorriendo centros de detención, cargando carpetas llenas de documentos para conseguir la amnistía. Siguen llamando abogados, sacando de su bolsillo para cubrir, semana a semana, la paquetería para cárceles, o traslados. Siguen reorganizando sus propios tiempos de descanso alrededor de una sola misión, la de intentar sacar a sus hijos de las cárceles o, en los casos más extremos, conocer la verdad sobre lo que ocurrió con ellos.
En los últimos seis meses, entre noviembre de 2025 y mayo de este año, murieron cinco madres de presos políticos. Tres de ellas fallecieron sin saber que sus hijos fueron excarcelados en días posteriores. Una alcanzó a compartir apenas 13 días con él después de recuperar su libertad. Otra logró reencontrarse con su hijo, pero en circunstancias devastadoras: cuando fue sacado de una fosa común.Ese último caso, el de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas, estremeció al país. Hasta sus últimos días, a los 81 años, documentó, preguntó, reunió pruebas y sostuvo durante un año y cuatro meses una búsqueda para tratar de reconstruir qué había pasado con su hijo. Murió el 17 de mayo, apenas 10 días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informara sobre el fallecimiento de él bajo custodia del Estado. Las oenegés contabilizaban 16 fallecimientos bajo custodia judicial sólo entre abril y lo transcurrido de este mes para ese entonces.
Su nombre, aunque hoy es el más reciente, no es el único.
El registro del colapso: ¿cuántas han muerto esperando?
En 2020 murió María Cristina Evans, madre del director de Punto de Corte, Nicmer Evans, siete días después de que él fuera excarcelado tras casi tres meses detenido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por un mensaje difundido en redes sociales considerado como «apología al odio».
Y apareció otro nombre en noviembre pasado, el de Yenny Barrios. Era paciente oncológica y madre de Diego Sierralta. Él era su único familiar cercano en Venezuela. Fue detenido cuando intentaba conseguir parches de fentanilo para ayudar a paliar los dolores asociados al linfoma no Hodgkin que ella padecía. Murió sin verlo libre.
Después se sumaron otros casos: Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno; Carmen Teresa Dávila, madre del médico Jorge Yéspica Dávila; y Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco. Ella murió después de participar en una vigilia a las afueras del centro de detención donde permanecía recluido su hijo.
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