Nuestros seres queridos no son escombros, son seres humanos que merecen respeto». La frase retumba entre las paredes fracturadas de una de las torres de las Residencias Luisa Cáceres de Arismendi (también conocida como OPP36), en Playa Grande, La Guaira, como un manifiesto colectivo de quienes llevan más de un mes conviviendo con el polvo, el olor de la descomposición y la incertidumbre de no saber si podrán darles santa sepultura a sus familiares fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.
Este grito de súplica y de protesta contra las demoliciones anunciadas por las autoridades es también la voz de un gran número de familias que sienten que el duelo permanece suspendido mientras sus padres, hijos, hermanos, nietos y sobrinos continúan atrapados bajo toneladas de concreto.
María Ugas conoce ese dolor con una crudeza que le es difícil de describir. Perdió ocho familiares durante los terremotos: hijos, nietos, sobrinos, su esposo y otros seres queridos. Mientras ayudaba a varios hombres que continúan removiendo concreto con herramientas manuales, relató a El Nacional que los propios vecinos comenzaron las labores de rescate apenas ocurrió la emergencia.
«A medida que pasó el terremoto, el 24 y el 25 la gente empezó a mover escombros con las manos», recordó al explicar que solo varios días después llegó maquinaria pesada para intervenir parte de la torre C. Sin embargo, sostiene que gran parte del trabajo en la torre D —donde permanecen personas desaparecidas— ha dependido casi exclusivamente de familiares y voluntarios.
Durante las últimas jornadas, señaló, los rescatistas improvisados habían logrado abrir un amplio acceso hacia la planta baja del edificio, cuyos primeros tres pisos colapsaron. «Ya ellos descubrieron las puertas. Lo que falta es poco. La idea era que nos permitieran terminar de sacar todos los cadáveres que están allá abajo», dijo.
El Nacional
