El alcalde de El Callao si bien celebró la planificación y la apertura a capitales privados y extranjeros, cuestionó el impacto real de la actividad extractiva en las comunidades locales.
El anuncio del Gobierno nacional de implementar un agresivo plan de crecimiento del 30% en la producción de oro dentro del Arco Minero del Orinoco ha encendido las alarmas en el municipio El Callao del estado Bolívar.
Aunque las autoridades locales reciben con optimismo la inversión, exigen respuestas inmediatas sobre cómo este incremento afectará la ya colapsada infraestructura y dinámica social de la región.
El plan estatal, detallado tras la reciente reestructuración minera que unificó el mando político e industrial de Guayana, busca elevar la extracción de 9,5 toneladas de oro (alcanzadas el año anterior) a más de 12 toneladas.
Para lograrlo, la Corporación Venezolana de Minería (CVM) -ahora bajo la presidencia encargada del ministro Héctor Silva, tras absorber a la estatal Minerven- implementará un nuevo instrumento jurídico que formalizará las denominadas “alianzas productivas”, buscando mayor eficiencia operativa y control técnico.
El Callao: sin beneficios
Ante este escenario, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, fijó una postura firme. Si bien celebró la planificación y la apertura a capitales privados y extranjeros, cuestionó severamente el impacto real de la actividad extractiva en las comunidades locales.
“Nosotros celebramos toda la producción de oro y las inversiones, porque este es un pueblo que vive de la minería y tiene reservas para 200 años. El problema es: ¿cómo quedan los municipios? ¿Cómo queda el estado Bolívar y El Callao? ¿Cómo quedan la salud, la vialidad y la infraestructura?”, fustigó el mandatario local.
Lugo advirtió que el diseño original del Arco Minero no contempló el impacto demográfico de la actividad: “No previeron la avalancha migratoria. El Callao cuenta hoy con una población de 100 mil personas, pero sobrevivimos con unos servicios básicos que datan de hace tres décadas. El hospital tipo 1 sigue siendo el mismo de hace 30 años”.
Lugo denunció que el auge industrial ha destruido entre el 80% y 90% de las calles y carreteras de la localidad debido al tránsito pesado y la dinámica minera, sin que existan mecanismos de compensación directa.
El foco de la crítica de Lugo apunta directamente al marco regulatorio actual. “¿Quién responde por esto? En la Ley de Minas no vemos contemplado ni un solo beneficio o aporte directo para el desarrollo de los municipios productores de oro”, sentenció.
Llamado al ministerio y a la CVM
Finalmente la autoridad municipal hizo un exhorto directo al Ejecutivo nacional, específicamente al ministro y presidente encargado de la CVM, Héctor Silva, para que la riqueza extraída del subsuelo se traduzca en bienestar social visible.
“Le hago un llamado al ministro para que bajen esas inversiones y que esos recursos también se queden en los hospitales y en los municipios que producimos el oro. Se debe desarrollar la minería, pero sin descuidar la vida de nuestra gente”, concluyó Lugo.
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