La crisis penitenciaria que existe en Venezuela llega hasta los centros de detención y es que hemos registrado la muerte de Júnior Rafael Velasquez Herrera, de 23 años, en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, ubicado en el estado Bolívar.
Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es que hay un arma de fuego en manos de un privado de libertad?
Este centro policial es uno de los que alberga la mayor cantidad de detenidos del estado Bolívar, los niveles de hacinamiento son críticos. Además, hemos documentado que en este lugar hay presencia de pranes, a quienes lo internos deben cancelar una causa (dinero) de forma mensual.
El hecho violento llevó a que los funcionarios anunciaran a los detenidos que iba a ver traslados. Los familiares de los privados de libertad se sienten sumamente preocupados pues temen que los lleven a otros estados del país y la mayoría de quienes están allá no cuentan con los recursos económicos para costear los viajes a otras regiones. Esto traería como consecuencia más retardo procesal pues serían alejados de los tribunales que llevan sus causas.
Debemos recordar que en el estado Bolívar, tras la intervención del Ministerio de Asuntos Penitenciario, fueron clausurados el Internado Judicial de Vista Hermosa y la cárcel de El Dorado, que constaba con tres áreas: máxima, precursor y casa amarilla. Con el cierre de estos recintos penitenciarios acabaron con 1150 plazas para albergar a privados de libertad de la región.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) nos preguntamos ¿qué paso con el proyecto de la cárcel de Marhuanta? Prometía ser un centro moderno que tendría una capacidad para 1500 personas. ¿Qué paso con los trabajos de arreglos en Vista Hermosa anunciados en el año 2024? ¿Qué pasa con los recursos aprobados para estos proyectos? Todos han quedado en nada.
El régimen hace anuncios que se convierten en fuentes de corrupción y quienes sufren las consecuencias son los privados de libertad y sus familiares.
Hacemos un llamado al Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre el hecho violento ocurrido en Guaiparo. Instamos a la Defensoría del Pueblo a visitar estos calabozos y velar por la integridad física y los derechos humanos de cada uno de los detenidos.
LA PATILLA
