Omar Martínez aseguró estar negado a desviar los pocos recursos con los que cuenta en el pago que exige la recolectora de desechos, toda vez que cada centavo está destinado en salvar la vida de su hijo.
Entre el embargo y la vida de su hijo: esta es la realidad que vive Omar Martínez, ingeniero y propietario de Fundiciones Marca, una empresa metalúrgica con 40 años de trayectoria que, a día de hoy, opera al 2% de su capacidad y enfrenta amenazas de embargo por parte de Fospuca Caroní.
En entrevista con este medio, Martínez explicó que la compañía fue fundada en el año 1985 por su padre y un amigo extranjero, por años disfrutaron de la bonanza industrial teniendo como principal cliente a la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), lo que los llevó a alcanzar reconocimientos y estabilidad. Sin embargo, tras la debacle productiva de la estatal, su legado se fue a pique y hoy apenas pueden pagar una que otra factura de electricidad.
Es en este panorama cuando la empresa Fospuca Caroní, llegada al municipio en noviembre de 2022, amenaza con embargar el golpeado patrimonio de la compañía para cobrar las proformas emitidas desde su llegada a la localidad a través de una medida de embargo preventivo. Ante esta posibilidad, Martínez asegura que no cuenta con recursos para pagar dicho servicio, el cual nunca le han prestado.
Además de la paralización del negocio, el afectado explicó que, por cuenta propia, ya ha venido vaciando su galpón a través de la venta de equipos y piezas. Estas ventas le han permitido generar ingresos, los cuales están destinados, en su totalidad, para la sanación de su hijo de 23 años, quien padece de artritis idiopática juvenil.
“Nos enteramos de que la empresa Fospuca introdujo una demanda en los tribunales de Puerto Ordaz, el Tribunal de Primera Instancia, y que ya tiene medida de embargo. Para nosotros es complicado porque en este momento vivimos una situación difícil con la salud de mi hijo Omar Enrique, tiene una enfermedad de base que es la artritis idiopática juvenil y que ha afectado su sistema inmunológico. Con 23 años ha visitado el quirófano siete veces y este año han sido tres veces por un tema complicado de vesícula. Los pocos recursos que tenemos, los necesito para la sanación de mi hijo”, explicó Martínez.
Claman por justicia a la gobernadora de Bolívar
Entre lágrimas, Martínez recordó las promesas que hizo la actual gobernadora Yulisbeth García, electa durante el mes de mayo del año en curso, las cuales aludían a dirimir la problemática de Fospuca a través de mesas de trabajo y la revisión de su esquema de trabajo. Hasta la fecha y tras una reunión con gremios, no ha habido ninguna acción concreta para dar respuesta a la situación.
La denuncia se da en el contexto de una gran inconformidad por parte del sector comercial, toda vez que la compañía ha dado inicio a más de 130 procesos de embargo en contra de restaurantes, hoteles, supermercados y demás empresas de Guayana por el impago de sus exorbitantes tarifas. Dichos montos pueden ascender hasta 40 mil euros.
“Cuando vino aquí (la gobernadora) llegó con un mensaje de esperanza. Que iba a acabar con los problemas de embargo que es lo que nos tiene así a empresarios pequeños y medianos. Yo necesito que se detenga el atropello que esta empresa tiene con Fundiciones Marca y con el resto del sector”, puntualizó.
Según la data publicada por este medio, Fospuca mantiene afectadas a 135 negocios, logrando ejecutar siete de estas medidas. Para el 2022, gremios aseguraron que un importante número de comercios bajó sus santamarías tras la llegada de la compañía a la urbe; más de tres años después, aún se desconoce el esquema de costos de la recolectora de desechos.
“Es una cuestión de derechos humanos”
En su declaración, Martínez apeló por el derecho a la salud de su hijo, haciendo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan y prioricen la vida del joven antes que el enriquecimiento de una firma como Fospuca.
“Le hago un llamado al fiscal general de la República para que entienda que, en el caso nuestro, la situación con mi hijo. Los pocos recursos con los que disponemos no estamos en capacidad de negociarlo. Ese recurso es para mi hijo y lo voy a usar para su cura. Este es un tema de violación de derechos humanos si logran quitarme esos recursos”, cerró.
2001
