De pronto las propuestas de reformas urgentes y profundas han quedado desplegadas ante el país y apuntan a un abanico de leyes que van desde lo judicial y lo electoral hasta aterrizar últimamente en lo constitucional, si se toma en cuenta los cambios recogidos en la propuesta de acuerdo nacional presentada por Enrique Márquez.
No era por allí la ruta que visualizaba la gran mayoría tras la afortunada extracción de Maduro y Cilia Flores. El objetivo que se planteaban los venezolanos que eligieron a Edmundo González presidente el 28-J era la asunción del cargo –una vez corregido el fraude–, lo cual era prácticamente imposible, visto el control absoluto del chavismo sobre las instituciones civiles y militares.
O, en su defecto, la convocatoria en un plazo prudencial de nuevas elecciones presidenciales. Y en esa espera está la población.
Ahora hay que aprobar primero las reformas que a no dudarlo vienen de las gavetas del escritorio del tutelaje extranjero. Tanto si las presenta la mesa Figuera-Rodríguez, como si las hace el ex candidato presidencial Enrique Márquez. A todos los empodera el mismo actor.
No más justicia de plastilina ni resultados electorales a servilletazos. Y el nuevo personal lo tendrá que escoger el renovado comité de postulaciones judiciales y la actual AN por muy espuria que sea. Eso sí, una vez lo surgido de la mesa de negociación reciba la bendición final de Washington.
Ahora, la no reelección indefinida, la segunda vuelta presidencial, el congreso bicameral y la eliminación de atribuciones al CNE para «organizar» elecciones de gremios y sindicatos, son asuntos nada menos y nada más que de una reforma constitucional.
Y en cuanto que esos cambios tocan lo presidencial por lo atinente a la reelección indefinida, la segunda vuelta e incluso el regreso a un congreso bicameral que legislaría durante un nuevo mandato, ¿cuál es el momento que más conviene al país para su aprobación? ¿Antes o después de las elecciones presidenciales que la mayoría de la población espera? Son gruesas interrogantes que los actores no se han atrevido a poner en juego.
No hemos visto que nadie se refiera a ese aspecto, ni que el debate haya dejado traslucir un cronograma de aprobación de las reformas y su aplicación concretada directamente en las elecciones. Lo piden en Venezuela y en el congreso norteamericano. Márquez que, recogiendo una larga aspiración ciudadana propuso las reformas sobre lo presidencial y lo bicameral, dice que el tiempo y la oportunidad deben decidirlo los actores que discutan el pacto de unidad nacional.
En todo esto subyace una pugna sórdida alrededor de un aspecto fundamental y tiene que ver con que el orden del factor tiempo en lo electoral sí altera el producto. El chavismo lo tiene claro: que los poderes municipales y estadales cumplan su mandato y que Delcy Rodríguez termine el período de seis años que el fraude le había dado a Maduro primero y después a ella.
En el orden antepuesto, el chavismo tendría mucha más posibilidad de competir con posibilidades de sobrevivencia, pues administra esos espacios de poder regional como plataformas para el clientelismo y la movilización electoral. Ventajismo del cual siempre se han servido, pero que dudamos que les funcione en el futuro.
Para la oposición el objetivo primario está claro: inmediatamente después de las reformas legales (¿y constitucionales?) ir a unas elecciones presidenciales no más allá del 2027 y cuyo impacto comience a minimizar o a desalojar aguas abajo el control del chavismo sobre las instancias municipales y estadales de las cuales se apoderó fraudulentamente luego de los comicios convocados en 2025 después del fraude del 28-J.
Si se hubiera aplicado la Constitución en su artículo 234 ya Delcy Rodríguez debería estar fuera de la presidencia de la República. No ha sido así, pero nada justificaría que ejecutadas las reformas de los poderes judicial y electoral el nuevo CNE no pasara enseguida a la realización de las elecciones presidenciales, como espera Venezuela para recuperar su institucionalidad y su soberanía.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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