El gobierno de Maduro pasó de autoritario a dictadura sin atenuantes, desde que decidió desconocer el triunfo electoral de la oposición, a pesar de que todo ocurrió según sus designios. Adelantaron la fecha para que coincidiera con el cumpleaños de Chávez, y les resultó una catástrofe, pues con la paliza lo volvieron a enterrar.
Del mismo modo, inhabilitaron a su antojo; vetaron candidatos, y luego aceptaron el que les convenía, según sus intereses, y aun así perdieron. Pero en lugar de aceptar su derrota, y dedicarse a la reconstrucción interna para seguir compitiendo en el futuro, prefirieron robarse las elecciones, asaltando todas las instituciones a su servicio, como el CNE, y el TSJ.
Forzaron bajo coacción y chantaje la salida del país del candidato ganador, Edmundo González Urrutia, con la complicidad del Embajador del Reino de España, mediante la firma de una carta redactada en Miraflores, y filmado el evento al mismo estilo de la mafia, para seguir humillando.
Les salió mal, pues el candidato ganador desde España, ha dedicado su tiempo a reunirse con todos los sectores de la vida política internacional, a objeto de desenmascarar al gobierno de Maduro, y hacer valer su triunfo, tal como está ocurriendo con diversos gobiernos; parlamentos; personalidades; y organizaciones de diversa índole.
Ya nadie se traga su patraña, y desde el ámbito internacional se promueven distintos mecanismos para forzar discusiones; negociaciones y acuerdos que puedan conjurar la crisis política venezolana.
Dos meses luego de las elecciones, el CNE sigue violando el mandato Constitucional, y no ha entregado las pruebas del resultado.
Eso que resulta grotesco para cualquier entendedor civilizado, se queda pequeño con lo que decidieron hacer a continuación, para garantizarse la permanencia en el poder. Bajo violaciones flagrantes de la Constitución; tratados internacionales, y demás leyes de la República, se han dedicado a perseguir; encarcelar; torturar, y humillar la condición humana de miles de compatriotas inocentes, entre ellos, mujeres; personas discapacitadas, y menores de edad.
Mediante detenciones arbitrarias; desapariciones forzosas; violación del debido proceso, y el derecho a la defensa, siguen utilizando a la Fiscalía General de la República, bajo la conducción de un ser patético; nada profesional, militante del partido de gobierno, y dedicado exclusivamente a perseguir a todo aquel que incomode a sus amos. Pero completamente ciego frente a la corrupción galopante del oficialismo a lo largo de 25 años de destrucción.
Del mismo modo, jueces mediocres y sicarios al servicio del horror que representa una dictadura que necesita con desesperación meter miedo al conjunto de la población para tratar de acallar a toda una sociedad que reclama justicia y respeto a la soberanía popular contenida en el artículo 5 de la CRBV.
Resulta muy doloroso conocer los testimonios de las víctimas, especialmente de los menores acusados de terrorismo (válgame Dios), y sus madres por el horror y sufrimiento de sus muchachos frente a la crueldad de la tortura. Ya muchos están presentando signos de depresión severa, pero eso no es del interés de la Fiscalía, claro está.
Frente a la barbarie que intentan imponer, se hace necesario juntar a todos los factores de oposición: partidos; personalidades; dirigentes políticos y sociales; instituciones como la Iglesia católica, y otras organizaciones similares, Universidades, etc. Sugerimos la conformación de un comando central político social, para atender el conflicto y organizar la respuesta de manera eficaz, y profesional.
No podemos dejar solos a Edmundo González Urrutia, y a María Corina Machado. Hay que respaldar con entusiasmo las iniciativas que lleva a cabo Enrique Márquez, y su equipo. Debemos ser solidarios con el importante trabajo que viene realizando el Foro Penal, así como el partido MAS; Unión y Progreso, entre otros.
Vaya nuestro reconocimiento a la tenacidad y coherencia con la cual vienen actuando Mari Pili Hernández; Juan Barreto; María Alejandra Díaz, entre otros distinguidos ciudadanos. Se hace urgente una respuesta organizada; responsable, tras la búsqueda de negociaciones y acuerdos que permitan la recuperación de la sindéresis.
Nadie en el mundo se puede creer la actuación de Maduro, especialmente por la incomprensible negativa a exhibir pruebas. Dice el gobierno que todo lo que exhibe la plataforma unitaria es falso, pero ellos y su CNE no quieren decir la verdad de su derrota luego de dos meses de haberse realizado la elección. Tampoco ha hecho nada el Plan República, quienes de acuerdo a la Ley tienen en su poder el Sobre No. 1 con toda la verdad de lo ocurrido.
Por si fuera poco, el Centro Carter que fue el único observador internacional aceptado por el gobierno, acaba de presentar ante la OEA, toda la documentación que acredita el triunfo inobjetable de Edmundo González Urrutia. El mismo Centro Carter que fue recibido por el Ministro de la Defensa para llenarlo de elogios por su profesionalismo y seriedad, ahora recibe todo tipo de denuestos e insultos.
No hay manera de esconder un triunfo tan abultado. Pero con este juego abusivamente trancado por el gobierno, se hace necesario y urgente promover negociaciones y acuerdos que permitan reconocer el triunfo y ofrezca garantías plenas para la coexistencia pacífica de todos los factores, e incluso si es esa su decisión, se puedan marchar a algún destino escogido sin venganzas, ni retaliaciones. No más horror.
@romanibarra
