Soy un observador. No un activista político.
Un observador que asume exponerse. En dos de las acepciones de la palabra.
Una, la de ver, interpretar y tratar de explicar el sentido de la dinámica política. Y dos, correr un riesgo de penalización por tener una voz diferente al interés del poder.
El observador se ocupa, se hace cargo y entra a formar parte de lo que interpreta o explica. No es neutral.
Pero en política se puede ser neutral cuando entre dos partes que contienden, no se inclina hacia una. Una indecisión que generalmente lleva a la indiferencia.
La opinión que trasmito no es neutral porque me opongo a la cultura autoritaria dónde sea que ella aparezca.
Si el Estado que vigila, controla y garantiza orden pasa a ser un ente que vulnera derechos humanos, persigue, encarcela y reprime a sus ciudadanos por protestar pacíficamente, entonces estamos ante el peor de los mundos posibles para todos.
Aún teniendo una visión de conjunto sobre la actual situación, no parece posible que hoy se pueda determinar el desenlace de los movimientos que están realizando los principales actores ante el cambio de situación que se produjo el 28 de julio. El timón lo tiene el gobierno, con una tripulación que quiere otro rumbo.
Ese domingo electoral trastocó el retrato previo de muchos porque la política no la fija un plan, sino el cruce de distintos planes y la aparición de factores sorpresivos y azarosos que para justificar su inadvertencia los especialistas llaman cisne negro.
Nuestro cisne electoral se compone de una serie de elementos, entre los que habría que ver:
1) una inusitada ventaja del ganador, imposible de rebanar, por lo que el gobierno no intentó las operaciones de acarreo de votantes después de las seis.
2) un triunfo atribuible a la sociedad descontenta, más los aportes de votantes opositores y chavistas. Estos últimos, para defender sus principios o sus expectativas, decidieron no votar por Maduro.
3) Hubo alegría popular por el triunfo de Edmundo y una aceptación normal del cambio de gobierno que debía producirse según lo que establece la Ley Electoral y la Constitución.
4) La observación independiente internacional calificó el Boletín del CNE de falta de transparencia, acto apresurado y sin respaldo en actas,
5) Para ayudar a que el gobierno no se entrampara en imponer a la brava el Boletín No 1, varios gobiernos solicitaron que el CNE mostrara resultados desglosados por mesa, cuya autenticidad pudiera comprobarse y cotejarse con los publicados por el Comando de campaña de Edmundo González.
A todos estos eventos los separamos y denominamos momento inicial.
Este momento inicial se cierra con la decisión de la Sala Electoral de la Corte Suprema de Justicia.
Su dictamen no resuelve el problema porque no hay correspondencia entre esa institución, la oposición y organizaciones que se colocan más allá de la pugna gobierno/oposición, dentro y fuera del país.
No hay entendimiento.
La tranca obliga a pasar del momento inicial a otra fase, que políticamente es la de un interregno, que legalmente se cerraría con la toma de posesión el 10 de enero del candidato proclamado como ganador.
Es muy probable que el cierre del interregno no dé por concluido el litigio jurídico y político. Pero obligará a examinar la situación y a considerar posibles opciones para la negociación de una solución, satisfactoria para el país, aunque no sea enteramente bien vista por gobierno y oposición.
Después del 10 de enero se abrirán nuevas fases políticas que exigirán innovar las perspectivas de las fuerzas democráticas de cambio. Es posible que fuerzas autoritarias de cambio, que existen en la alianza ganadora y contribuyeron a los resultados electorales del 28 de julio, llamen a abandonar el camino electoral y a dejar de lado la lucha por hacer vigente la Constitución Nacional en todos los demás ámbitos dónde el gobierno la pisotea.
Pasados momentos y fases, al final se producirá un desenlace que resolverá democráticamente el conflicto de poder creado por el gobierno.
La sociedad lo resolverá porque la contradicción principal de este ciclo es que una institucionalidad aferrada a un modelo estado céntrico frena el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y humano del país.
Resolver positivamente esta contradicción de ciclo político exige que el gobierno y el PSUV reconfiguren sus programas para aliar su versión de justicia social con una aceptación de la libertad y los principios universales de la democracia.
El escollo está en una maraña de intereses que conforman una alianza en torno a Maduro para tomar las decisiones de poder, donde la dirección del PSUV no tiene el peso que debería tener.
Los caminos de la resistencia eficaz deben estar llenos de inteligencia, sentido común y perseverancia para mantener las tres rutas para triunfar jurídica, electoral y políticamente: presencia en la gente para expresarla en las instituciones; ejercer siempre el voto como acto democrático y guiarse siempre por el faro de la Constitución Nacional.
COSTA DEL SOL
