Aunque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los servicios médicos a los privados de libertad, las personas detenidas en el contexto de las protestas poselectorales o en supuestos planes desestabilizadores contra el gobierno de Nicolás Maduro no reciben la atención requerida. Los enfermos que están tras las rejas mueren de mengua y con ello se pisotean las leyes venezolanas y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Williams Dávila, Gabriel Alejandro Sánchez Maita, Luis Manuel Alarcón y Yenny Barrios tienen varias cosas en común: son presos políticos; están acusados de terrorismo; no han tenido acceso a un abogado privado y sus vidas corren peligro debido a complicaciones de salud.
Ellos forman parte de los 1.784 ciudadanos que fueron arrestados en Venezuela en el marco de las protestas poselectorales y podrían recibir sentencias de entre 10 y 30 años de prisión, según las cifras que maneja el grupo de derechos humanos Foro Penal.
Si estar en una cárcel es duro, más triste es enfermarse o morir en ella. Y es precisamente la falta de atención médica una de las preocupaciones de los familiares de estos presos políticos. A ello se suma que las condiciones de reclusión son un caldo de cultivo para que proliferen enfermedades y puedan agravarse sus cuadros clínicos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha alertado sobre esta situación. Según las investigaciones realizadas por esta organización no gubernamental (ONG), todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente se encuentran en condiciones infrahumanas.
«Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas e, incluso, algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no se les garantiza el acceso a una atención médica digna y adecuada», asegura la ONG.
El caso de Gabriel Alejandro Sánchez Maita pone al descubierto lo que está ocurriendo tras las rejas. El joven, de 23 años, está enfermo en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua.
La abogada penalista y especialista en derechos humanos Tamara Sujú denunció que permanece postrado en una cama, muy grave, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), y advirtió: «Está bajo custodia del Estado, quien es responsable de lo que le está pasando».
Letra muerta
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado tiene la obligación de brindarles a todas las personas privadas de libertad el completo bienestar físico, mental y social durante su permanencia en los centros de reclusión. Además, debe crear las condiciones de salubridad en los espacios destinados para la atención médica, con un personal calificado que permanezca en esas instalaciones.
Sin embargo, a juzgar por el ambiente en el que se encuentran actualmente los presos políticos, esto no se cumple. Según la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), en todas las cárceles y Centro de Detención Preventiva (CDP) del país hay hacinamiento, insalubridad y fallas de los servicios básicos.
Las reglas Nelson Mandela también son letra muerta en Venezuela. Se trata de un conjunto de recomendaciones que Naciones Unidas les hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles.
A ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas e, incluso, algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no se les garantiza el acceso a una atención médica digna y adecuada
Observatorio Venezolano de Prisiones
Desde la regla 25 hasta la 35 se habla de los servicios médicos en las cárceles y de la prontitud con la que deben ser atendidos los casos urgentes.
El caso de Yenny Barrios (51 años) evidencia cómo se vulnera el derecho a la salud de los privados de libertad en el país. Ella fue detenida en Carora, estado Lara, el 9 de septiembre, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, desde ese momento, sus familiares han informado que su estado de salud es delicado debido a que es una paciente oncológica. Barrios fue operada días antes de su captura.
El hijo de Barrios, Diego Sierralta, alertó que su madre está muriendo porque no ha recibido la atención médica necesaria. Según un informe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Barrios necesitaba ser hospitalizada con urgencia, ya que padece cáncer linfático (linfoma no Hodgkin de células grandes). Este documento aún no ha llegado al Tribunal Cuarto de Terrorismo en Caracas y ahora no aparece en el expediente.
La regla 27 de Mandela establece que los reclusos que necesitan cuidados especiales o cirugía deben ser trasladados a establecimientos especializados o a hospitales, pero en Venezuela esta norma se incumple y Barrios es una víctima de ello.
Salud mental comprometida
La estabilidad emocional de los presos políticos también está comprometida, sobre todo la de los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo social y emocional, y es vital que los adolescentes cuenten con un entorno protector en su familia, escuela y comunidad.
Datos del Foro Penal Venezolano revelan que al menos 58 menores, entre 14 y 17 años, siguen detenidos en Venezuela desde el 29 de julio. El hijo de Soledad es uno de ellos. El joven tiene 16 años, está preso en Caracas y presenta un cuadro de ansiedad y depresión.
Esos mismos trastornos están afectando a una adolescente de 17 años que está tras las rejas en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Anzoátegui. El 31 de octubre, la adolescente tomó cloro dentro del calabozo y fue hospitalizada. Era la segunda vez que atentaba contra su vida. En una primera ocasión se cortó las venas con una hojilla.
Sus parientes aseguran que está desesperada por salir de la cárcel y necesita con urgencia ayuda psiquiátrica, pero en el centro de reclusión no hay servicio médico y tampoco le garantizan la ayuda que requiere.
Gabriel Alejandro Sánchez Maita (23 años) permanece postrado en una cama, en la cárcel de Tocorón, muy grave, luego de sufrir un ACV. Requiere atención médica urgente
Tamara Sujú, abogada penalista y especialista en derechos humanos
La organización Una Ventana a la Libertad (UVL) contabiliza al menos 10 adolescentes detenidos en el estado Anzoátegui y afirma que todos han presentado depresión, tensión alta, fiebre, dificultad para respirar, poco apetito y síntomas virales, los cuales no son atendidos por especialistas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones también se ha pronunciado sobre el arresto de adolescentes en el contexto de las protestas poselectorales. Según la ONG, han sido humillados y maltratados. «¿Cómo se repara el daño psicológico causado a estos jóvenes?», se pregunta la organización.
Psicólogos consultados por el OVP aseguran que los adolescentes sometidos a violencia o encarcelamiento pueden desarrollar trastornos mentales diversos, como cambios de comportamiento, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión, psicosis e, incluso, pueden llegar al suicidio.
En la presentación del más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, publicado el 17 de septiembre, se hizo énfasis en que las detenciones de adolescentes son «un fenómeno, es algo nuevo y extremadamente preocupante».
El debido proceso…
El joven Luis Alarcón es paciente diabético con niveles de glucemia elevados. Tiene 22 años y se encuentra privado de libertad en el Destacamento 331 del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) del estado Barinas.
Con frecuencia, la glucemia de Alarcón está inestable, lo que ha generado afectaciones respiratorias y problemas renales, según advirtió la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan).
Otro privado de libertad que presenta problemas de salud es el exdiputado Williams Dávila, quien fue detenido el 8 de agosto al culminar una vigilia opositora en una plaza de Caracas, en la que pedía la libertad de los presos políticos.
El exdiputado Williams Dávila es uno de los tantos presos políticos que requiere atención médica. Tiene 73 años y forma parte de esa lista de personas que por edad o enfermedad no deberían estar en un calabozo, según las leyes venezolanas.
Dávila fue trasladado a El Helicoide, en Caracas, bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y días después fue hospitalizado. Sus familiares han denunciado que su estado de salud es grave. Antes del arresto fue operado del corazón.
El artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 70 años, y si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado.
Williams Dávila tiene 73 años y forma parte de esa lista de personas que por edad o enfermedad no deberían estar en un calabozo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que le solicita al Gobierno venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la salud de Dávila, pero no hubo respuesta oficial.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos:
Los servicios médicos y sanitarios están contenidos a partir de la regla 24 hasta la 35. Algunas de ellas refieren:
REGLA 24
La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica.
Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.
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REGLA 25
Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación.
El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinar con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Todo recluso tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado.
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REGLA 26
El servicio de atención de la salud preparará y mantendrá historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales de todos los reclusos, y se deberá permitir al recluso que lo solicite el acceso a su propio historial. Todo recluso podrá facultar a un tercero para acceder a su historial médico.
En caso de traslado de un recluso, su historial médico se remitirá a los servicios de atención de la salud de la institución receptora y permanecerá sujeto al principio de confidencialidad médica.
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REGLA 27
Todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, contará con el personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a los reclusos que les sean remitidos.
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra el delito y las drogas (Unodc)
Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación
hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe
juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada
Nelson Rolihlahla Mandela
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