38 integrantes de la sociedad civil suscribieron una carta en la que advirtieron que con la propuesta de reforma hecha por Nicolás Maduro se corre el riesgo de que sea eliminado el voto universal, secreto y directo para la elección del presidente de la República
Profesores universitarios, historiadores, abogados y otros integrantes de la sociedad civil advirtieron que la propuesta de reforma constitucional hecha por Nicolás Maduro busca acabar con el Estado democrático y con la descentralización. Pidieron a la ciudadanía movilizarse de forma pacífica para impedir que esto se logre.
Gioconda de San Blas, presidenta la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Vladimiro Mujica, profesor universitario; Humberto García Larralde, miembro de la Academia de Ciencias Económicas; José Luis Farías, historiador y dirigente político; Rafael Orihuela, profesor universitario y exministro de Salud; Rafael Simón Jiménez, abogado y dirigente político; Manuel Isidro Molina, periodista y dirigente político; Alfredo Padilla, abogado y líder social; Ricardo Ríos, profesor universitario y diputado; Nelson Chitty La Roche, profesor universitario y otros 14 ciudadanos firmaron una carta este jueves 6 de marzo en la que advierten los peligros de la reforma propuesta por Maduro.
«En cuanto, a la ‘ampliación y el perfeccionamiento de la democracia directa’, es necesario advertir que es falaz intentar soportarla en una supuesta dicotomía ‘representación versus participación’, ya que ambos medios de participación política no son excluyentes, más bien, son complementarios, como componentes de una democracia plena. Por tanto, como ya está previsto en la Constitución de 1999, no se requiere una reforma para ampliar o perfeccionar la democracia directa», señalaron en la misiva.
Subrayaron que «es constante en quienes se proponen concentrar el poder en sí mismos, apelar al fraude a la democracia, mediante un discurso demagógico, según el cual todas las decisiones societarias, políticas o económicas deben ser
decididas en consultas refrendarias, para así aducir que la decisión fue tomada por el pueblo».
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Para los firmantes, es «paradójico» que quienes anuncian la reforma, en la práctica «han congelado, manipulado o secuestrado a su favor toda vía de participación política y social verdaderamente democrática». Recordaron que la administración de Nicolás Maduro ha prohibido las elecciones en sindicatos, federaciones obreras, colegios profesionales, incluso en las universidades autónomas.
«Ha secuestrado partidos, inhabilitado inconstitucionalmente a políticos y son los que hicieron que en el llamado “mejor sistema electoral del mundo” no publicara los votos por cada mesa y centro electoral en las elecciones del 28 de julio de 2024», añadieron.
Recordaron, sobre la propuesta de alterar la forma de Estado federal descentralizado, incluyendo el «poder comunal», que en los debates sobre el federalismo y la descentralización, quienes argumentan a favor de una supuesta “verdadera descentralización”, proponiendo que los municipios u otros espacios de gobierno locales posean más competencias que los gobiernos intermedios, en realidad persiguen que éstos se debiliten.
«La constitucionalización de un ‘poder comunal’, como cuarto nivel político-territorial no persigue institucionalizar una real descentralización. Los proponentes solo pretenden formalizar la centralización-concentración del poder del Estado en el gobierno nacional», sostuvieron.
Los expertos alertaron que la propuesta de Maduro se trata de «un fraude constitucional». Argumentaron que el artículo 442 expresamente establece que esta “revisión parcial” de la Constitución comprende “la sustitución de una o varias normas”, siempre que éstas “no modifiquen la estructura y principios fundamentales del Texto Constitucional.”
Explicaron que la inclusión de un cuarto nivel político territorial, es decir el “poder comunal”, modifica el artículo 4 que establece la descentralización del Estado. También precisaron que la instauración de un “nuevo tipo de sociedad” con “nuevos valores culturales y espirituales”, la inclusión del “socialismo”, como principios que rijan a la sociedad y al Estado, modifica el artículo 2 el cual indica que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Para quienes suscribieron la carta, se corre el riesgo de que con la reforma sea eliminado el voto universal, secreto y directo para a elección del presidente de la República, por lo que los fines de los proponentes no pueden ser formalizados por medio de una Reforma Constitucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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