Ha habido una gran controversia en torno al actual proceso político en el país. ¿Existe una verdadera transición política o solo es un espejismo ante los ojos de los venezolanos? Esa pregunta nos exige internalizar que este escenario no es una concesión gratuita, sino es el resultado directo e irreversible del 28 de julio de 2024, la fecha en que el pueblo venezolano expresó de forma contundente su voluntad soberana en las urnas.
Aunque el régimen le dio un tajo inmediato a ese mandato popular, mediante un fraude electoral, la fuerza de ese hecho histórico rompió con el status quo y obligó a la apertura de un nuevo tablero político: la transición, un proceso que era impensable tiempos atrás. Por supuesto, es comprensible que se teje sobre dicho proceso un escepticismo ciudadano ante la falta de resultados concretos desde la extracción de Maduro.
Tras casi tres décadas de promesas incumplidas y frustraciones acumuladas, dudar es un mecanismo de defensa. No obstante, el análisis político riguroso exige separar las emociones de la estrategia. Si asumimos que una transición es un tránsito de un régimen autoritario a otro, independientemente de su naturaleza, es evidente que estamos en dicho proceso, el cual se da de manera progresiva y requiere de mucha medurez, voluntad y disposición a transar.
La única forma de que una transición política sea viable, sostenida y democrática es mediante una negociación pragmática. La historia de la humanidad demuestra que las transiciones no ocurren espontáneamente ni por la caída mágica del régimen. No hay transición sin transacción. Para que quienes aún obstentan el poder institucional y militar, más no el respaldo popular, acepten una dimisión es indispensable reducir sus costos de salida. Sin garantías mínimas, el atrincheramiento en el poder se vuelve la única opción de supervivencia del gobernante, lo que arrastra al país a mayor conflicto y desasosiego.
Es bueno advertir que la negociación actual, impulsada por Washington en La Carlota, no busca echar al cesto de la historia el mandato del 28 de julio, sino buscarle una viabilidad institucional y pacífica. Exigir la renovación del TSJ y el CNE, la liberación los presos políticos en esa mesa de transacción no es una renuncia, sino la ingeniera necesaria para que la soberanía secuestrada se convierta en una realidad política concreta de transición democrática.
