De nada servirá cruzarse el pecho con la banda tricolor, imponerse el Collar y la Orden del Libertador, ni la llave del arca que contiene la declaración de independencia, esos históricos símbolos del poder en Venezuela. Tampoco la celebración con toda la parafernalia del caso de la ceremonia partidista –que no del Estado–, en la cual el candidato no reelecto piensa hacerse con la presidencia de la República el 10 de enero de 2025.
Por más boato, relumbrón o vocinglería con la que se quiera revestir esa autotransmisión de mando, será inevitable que los venezolanos perciban ese ritual del poder como la mayor impostura de este orden que se haya visto en la Venezuela contemporánea. A ellos acudirá la viva evidencia de los elocuentes resultados electorales contenidos en las actas de votación que permanecen secuestradas, ahora no solamente por el CNE, sino también por el TSJ.
Ante la ejecución de una ceremonia absolutamente postiza en el seno de la Asamblea Nacional, vendrán las imágenes de la espontánea protesta popular que brotó en distintos regiones del país y que fue sofocada a sangre y fuego con un saldo de más de 20 muertes.
Volverán a escucharse el llanto y el eco de los dolientes reclamos de las madres por sus hijos inocentes, que se cuentan por miles, hoy recluidos en penales que jamás en su vida imaginaron ni debieron pisar.
No será un atuendo sobrio y solemne el que llevará quien ha decidido ignorar la soberanía popular, burlar la decisión soberana de los venezolanos que el 28 de julio eligieron presidente a Edmundo González Urrutia. Empero, no lucirá desnudo. El verdadero ropaje que verán los ojos del pueblo será la andrajosa vestimenta de un fraude, el robo electoral, que Venezuela y la comunidad democrática internacional repudian y condenan.
La esmirriada concurrencia de jefes de Estado del continente será ese fatídico día otra comprobación del aislamiento creciente que vive el régimen venezolano y que obviamente va dejando consecuencias. Vendrán, sí, sus colegas en la autocracia, Cuba y Nicaragua, y otros dos a los que no les queda otra sino la incondicional obsecuencia por los favores recibidos: Honduras y Bolivia. Y arrastrando los cuatro sus propias y acuciantes crisis internas.
El 10 de enero, si se concreta la toma de posesión del candidato que no obtuvo ni la mitad de los votos del candidato ganador, se profundizará –no hay manera de que no sea así– la crisis institucional que asola a Venezuela. La República seguiría en proceso de desmantelamiento, se instalaría un gobierno sin legitimidad de origen para ejercer el poder sin vigencia del Estado de Derecho.
A la colosal crisis institucional ahora ha venido a sumarse expresamente la Sala Constitucional del TSJ al declarar inadmisible los recursos que han intentado los ex candidatos presidenciales Enrique Márquez y Antonio Ecarri contra las actuaciones del CNE y la Sala Electoral. Ninguna sala del TSJ, ni uno solo de sus magistrados quiere saber de revisiones, ampliaciones, ni mucho menos de argumentar con apego a la Constitución sus insólitas sentencias.
Lo de ellos, a la vista está, es la evasión de sus responsabilidades, sumarse a la consumación del robo electoral que ha perpetrado un régimen dedicado a la construcción política del miedo, como telón de fondo para el ejercicio del poder por el control de las armas y el uso inescrupuloso, impúdico y sin barreras de las instituciones que deberían responder a la Constitución nacional y no a las arbitrariedades de un grupo político.
Como bien lo ha caracterizado Enrique Márquez, estamos en presencia de un CNE que no presenta resultados y unas salas del TSJ que no argumentan ni justifican con observancia de la ley sus actuaciones. Cómo será el despelote que la Sala Electoral todavía no ha publicado la oprobiosa sentencia 31, mediante la cual validó la fraudulenta proclamación hecha por el CNE. Ni el llamado fiscal general ha respondido a los requerimientos hechos por Márquez.
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No hay red, entonces, que ataje a quienes ejecutan, delirantes trapecistas del poder, sus temerarios números en la usurpación de las instituciones. Pero toda función tiene su final.
El pueblo venezolano que unido derrotó y apabulló electoralmente a la cúpula gobernante, también encontrará con unidad y organización el camino para hacer valer su soberana decisión del 28 de julio. Hay un liderazgo y anhelo de cambio. Perseverar con decisión y claridad del rumbo es lo que toca.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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