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A pesar de que tiene tres cárceles de adultos adscritas al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, más de 50 centros de arrestos en calabozos policiales y un centro de detenciones preventivas, hasta el 14 de julio de 2024, en el estado Zulia no se había habilitado ninguna mesa de votación para su población de privados de libertad, que sobrepasa los tres mil internos, refiere la ONG Una ventana a la libertad (UVL), a través de una información publicada en su página web.
No hay centros penitenciarios como Centros de Votación en el Zulia”, informó Gustavo Ruiz, coordinador estatal de Vente Zulia, sin dar mayores motivos o explicaciones de por qué los presos, del estado con mayor número de electores inscritos, no podrán sufragar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio de 2024.
Votar, según el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto. Este precepto constitucional no excluye a las personas privadas de libertad, por lo que es responsabilidad del Estado garantizar que no se viole.
La privación de los derechos políticos de un condenado es una pena accesoria del delito, mientras dure la condena”, explica el abogado penalista Juan Carlos Lugo.
Es decir, aclara el jurista, que todos aquellos privados de libertad que no tienen una sentencia firme e irrevocable deberían, por respeto a sus derechos civiles, ejercer su derecho al sufragio en el centro de reclusión donde se encuentren o en su defecto ser trasladados al Centro de votación más cercano.
No he sabido de mesas electorales en centros de reclusión en ninguno de los municipios del estado Zulia”, acota Lugo.
De acuerdo con el penalista, “el Registro Electoral Permanente (REP) tendría que haber detectado a los privados de libertad (en proceso judicial) en cada centro de reclusión para poder haber planificado una mesa electoral allí”.
El abogado lamenta que a las sin número de violaciones a las que se ve sometido un detenido deba sumársele la violación de su derecho político.
Los privados de libertad son privados de su principal derecho que es el estar en libertad (inocencia ficta) mientras están en juicio; mas, el proceso judicial no respeta ese derecho, menos le va a respetar o velar que pueda ejercer el derecho al voto como derecho político”, apuntó Lugo.
En otrora
La violación del derecho al sufragio que se presenta en estos comicios electorales no era así en años décadas anteriores.
El criminólogo y abogado Jesús Vergara Peña recuerda que, en años anteriores, para la época del 99 cuando salió electo el presidente Hugo Chávez, en la Cárcel Nacional de Maracaibo, ubicada en el sector Sabaneta, funcionaba un centro de votación.
Ese centro de votaciones no solamente para los privados de libertad sino también para los vecinos de las zonas aledañas a la cárcel, ellos se inscribían allá y ejercían su derecho al sufragio en el área de la dirección de la cárcel”, cuenta el criminólogo.
En esa época, la famosa cárcel de Sabaneta era el único centro para condenados en la región, porque funcionaban otros tres penales: uno en el oeste de Maracaibo, otro en el municipio Cabimas y otro en el municipio Colón, pero esos eran retenes preventivos y sus espacios no se habilitaban para comicios electorales.
En los últimos 25 años, el ámbito penitenciario en la región ha cambiado. La Cárcel Nacional de Maracaibo pasó a ser un reclusorio nacional para extranjeros, mientras que el retén de El Marite se transformó en cárcel para hombres y el antiguo albergue para adolescentes se convirtió en un centro de formación para mujeres privadas de libertad.
Los calabozos policiales pasaron de albergar presos por 24 horas a centros de arrestos preventivos, donde los reos pueden pasar años en espera de una sentencia o cumpliendo condena.
Sin embargo, ninguno de estos centros de reclusión habría sido tomado en cuenta por el Consejo Nacional Electoral para la habilitación de una mesa de votación, aun cuando el Reclusorio Francisco Delgado alberga más de 800 internos, todos venezolanos; y el Centro de Formación para Mujeres Ana María Campos I y II tiene 200 internas.
Una Ventana a la Libertad intentó contactar al diputado de la Asamblea Nacional, Yonder Durán, quien es el designado por la comisión presidencial para agilizar los procesos penales de los privados de libertad y para velar que se cumplan y respeten todos los derechos de la población reclusa en Zulia, pero fue imposible.
prensa UVL
