La geopolítica global ha configurado una paradoja jurídica en los tribunales internacionales: Venezuela e Israel, distantes en sus discursos políticos oficiales, convergen en la práctica al implementar estrategias paralelas destinadas a desacreditar y neutralizar las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra. El reciente y formal anuncio del gobierno venezolano dirigido por los herederos Jorge Antonio Rodríguez quien fuera dirigente de la Liga Socialista hasta 1976 de retirarse de forma definitiva del Estatuto de Roma, sumado a la intensa batalla legal y diplomática que enfrenta Israel tras las denuncias impulsadas por Sudáfrica, expone una alianza factual en la búsqueda de impunidad institucional frente a la justicia global.
El portazo de Caracas a La Haya el viernes 24 de julio de 2026, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, notificó oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la decisión irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma, amparándose en el artículo 127 de dicho tratado. Siguiendo instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Palacio de Miraflores justificó su salida alegando un supuesto «sesgo geográfico demostrado» y acusando a la CPI de actuar bajo lógicas de lawfare o guerra jurídica instrumentalizada por intereses occidentales, esta radical desconexión ocurre en un contexto crítico para el liderazgo chavista, madurista y rodriguista, Investigaciones abiertas de la Fiscalía de la CPI indaga desde 2018 abusos sistemáticos cometidos nuestro país a partir de 2017, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y persecución política, falta de cooperación para indagar, perseguir y castigar a quienes han participado en hechos en contra de la población venezolana calificados como crímenes contra la humanidad, medida se precipitó tras el posterior cierre de la oficina técnica de la CPI en Caracas debido a la carencia de un «progreso real» en las investigaciones internas venezolanas.
Efecto diferido: De acuerdo con la normativa internacional, la renuncia tardará un año en surtir efecto legal. Esto significa que el tribunal con sede en La Haya mantiene plena jurisdicción sobre los delitos denunciados mientras el Estado fue miembro pleno, el frente de Israel y la presión de Sudáfrica en paralelo, el tablero de la justicia universal tiembla por las acciones de Sudáfrica en los organismos de justicia internacional. La nación de Mandela ha liderado una ofensiva judicial masiva acusando formalmente a Israel de cometer conductas genocidas y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su aparato diplomático han desplegado una enérgica campaña de descalificación de los dictámenes de la CPI, algo muy parecido a las actividades que a nivel mediático y político viene desplegando el gobierno de Delcy Rodríguez y su hermano. Israel califica los procedimientos de «antisemitas», sesgados y carentes de legitimidad jurídica, a diferencia de Venezuela, Israel nunca ratificó el Estatuto de Roma, un argumento que utiliza de forma recurrente para impugnar de raíz cualquier competencia del tribunal sobre sus autoridades civiles y militares, la coincidencia táctica es la soberanía contra la rendición de cuentas aunque las retóricas de Caracas y Tel Aviv parecen antagónicas en los hechos parecen hermanas gemelas para atacar a quien ose criticar los crímenes cometidos por estas naciones ambas dependientes de los Estados Unidos. Con el gobierno venezolano posicionándose históricamente a favor de la causa palestina y denunciando las incursiones militares israelíes, en el terreno estrictamente procesal operan como aliados estratégicos en la erosión del multilateralismo judicial los dos Estados construyen una misma defensa basada en dos pilares fundamentales. la soberanía absoluta como blindaje y el uso del principio de complementariedad como un obstáculo y no como un puente.
Tanto la diplomacia venezolana como la israelí sostienen que sus sistemas judiciales internos son competentes y autónomos, utilizándolo como argumento para neutralizar la intervención internacional, la politización del tribunal y coinciden en calificar a la Fiscalía de la CPI como un actor político parcializado y no como un órgano técnico de justicia. Mientras que Caracas denuncia el vasallaje frente al «imperialismo norteamericano», Israel argumenta persecución e instrumentalización internacional en su contra, un año de transición bajo la lupa internacional, el anuncio de retiro de Venezuela y la resistencia de Israel profundizan la crisis del sistema de justicia internacional, ensanchando la brecha entre los mandatos de protección de los derechos humanos y la soberanía estatal.
Organizaciones no gubernamentales, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), han recordado con firmeza que la huida de los tratados globales no extingue las obligaciones penales ni borra el historial de las víctimas. En los hechos, el intento por desmantelar la legitimidad de La Haya une a rivales ideológicos bajo una bandera común: evitar que los tribunales internacionales tengan la última palabra.
Para los herederos panfletarios de Jorge Rodríguez y la Liga Socialista ya se acabaron los días en que cualquiera que disintiera de sus opiniones era agente del imperialismo o del Mossad esa agencia tan perversa con sus víctimas como los servicios de inteligencia de Venezuela. Ahora los herederos Jorge Antonio Rodríguez coinciden con los servicios diplomáticos y de inteligencia de Israel. «Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras» Cantar de Mío Cid.
Los otrora antiimperialistas hoy son aplaudidos por Mr Trump e Israel.
https://grupoanimal.mx/internacional/venezuela-deja-corte-penal-internacional-eu-llama-retirarse. En fin «Por sus frutos los conoceréis» Mateo 7:16
Cualquier militante del PSUV encaja perfectamente a aquella frase atribuida a Grocho Marx «Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros»
