Venezuela enfrenta una crisis política profunda que, pese a los intentos de la oposición y la presión de la comunidad internacional, no parece tener una salida viable en el corto plazo. Ante este estancamiento, el régimen busca proyectar una falsa sensación de normalidad, convocando, a través de su oficina electoral (CNE), a nuevos comicios el 25 de mayo para elegir gobernadores, alcaldes, legisladores y miembros de la Asamblea Nacional.
En respuesta, sectores de la oposición liderados por María Corina Machado han llamado a la abstención, sin consulta ni debate previo con el resto de los actores de la coalición democrática. Sin embargo, este llamado no resulta sorpresivo, ya que el abstencionismo ha sido una estrategia recurrente de ese sector, como se evidenció en 2005, 2018 y 2020.
Los defensores de la abstención sostienen que la vía electoral está agotada y afirman, de manera falaz, que participar en los comicios del 25 de mayo solo serviría para legitimar el fraude consumado por el régimen el 28/7. Argumentan que no acudir a las urnas es una forma de reivindicar la voluntad popular expresada el pasado 28/7, un acto de deslegitimación y un rechazo simbólico que, según ellos, facilitará la salida de Maduro del poder.
¿Qué ha cambiado desde el 28 de julio? En esencia, el régimen sigue siendo el mismo: ilegítimo desde 2018, no a partir de 2025 como algunos afirman, con una impronta autoritaria, represiva y fraudulenta. Que mantiene con control absoluto sobre el CNE, la Asamblea Nacional y el TSJ, y que disfruta del respaldo de la cúpula militar. Si las condiciones políticas no han variado de forma significativa ¿Porqué llamaron a votar el pasado mes de Julio y ahora impulsan la abstención? ¿Es la abstención una estrategia válida, capaz de a provocar un cambio político? La evidencia histórica indica lo contrario, la falta de participación en procesos electorales no ha debilitado al régimen chaveco-madurista, sino que le ha proporcionado un control absoluto sobre los espacios de poder y ha reforzado su narrativa de invencibilidad.
La abstención genera una inacción política que contribuye, de forma indirecta, a la permanencia del régimen en el poder e impide la acumulación de fuerza necesaria para lograr un cambio político. Considerar que la abstención permitirá «cobrar» los resultados electorales del 28/7 y por ende la toma de posesión de Edmundo González, es ficticio e ilusorio.
No existen garantías de que el proceso del 25/5 se realice de manera transparente, ni de que el régimen se abstenga de manipular los resultados electorales nuevamente. Los regímenes autoritarios, como el de Maduro, preservan el poder a través del fraude y la represión. Votar en una dictadura puede convertirse en una estrategia de resistencia, de articular movimientos sociales, generar nuevas dinámicas de protesta, así como un catalizador de cambios políticos.
El voto, lejos de ser un acto de sumisión, puede convertirse en una herramienta clave para reorganizar estructuras opositoras, conectar con la ciudadanía, reforzar liderazgos, generar una narrativa de lucha sostenida y articular un mensaje de cambio lo cual conlleva a socavar los cimientos del autoritarismo.
Además, llamar a la abstención, fundamentada en la expectativa de una fractura dentro de la Fuerza Armada o en la noción de una intervención extranjera respaldada por organismos transnacionales o por los EE.UU., representa una premisa errónea. En primer lugar, la institución militar nunca ha actuado como garante de la constitucionalidad, históricamente ha sido un instrumento represivo al servicio del gobierno de turno. En segundo lugar, una intervención auspiciada por organismos multilaterales resultaría inviable.
En el Consejo de Seguridad de la ONU potencias como China y Rusia, con intereses estratégicos en Venezuela, ejercerían su derecho al veto para bloquear cualquier intento de intervención. En la OEA, igualmente no sería factible dada la falta del respaldo necesario para su aprobación (la causa venezolana no supera el apoyo de 14-16 países de los 33 que la conforman activamente).
Finalmente, una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela es altamente improbable, debido a una combinación de factores geopolíticos, estratégicos y de costo-beneficio para la administración de Mr. Trump. Además, pese a la retórica agresiva de altos funcionarios de su gobierno, lo que sí es una realidad es: i) Mr. Trump ha evitado reunirse con Edmundo González, ii) no revocó la licencia de Chevron y iii) envió a Richard Grenell a negociar con Maduro la liberación de seis estadounidenses secuestrados en Caracas, la deportación de venezolanos y otros «posibles acuerdos», según reportó el Miami Herald. Adicionalmente, bajo el argumento de que «las condiciones habían mejorado en Venezuela», la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem canceló la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde hace años beneficia a unos 600.000 venezolanos en los Estados Unidos.
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Participar en elecciones bajo una dictadura no garantiza una transición democrática –el voto bajo estas circunstancias no es un mecanismo de alternancia normal de poder– pero puede ser un factor clave en la erosión del poder autoritario y la apertura de nuevos escenarios de lucha. La clave está en no reducir la acción política al solo hecho de votar, sino en convertir ese proceso en un acto de resistencia estratégica que genere presión, movilización y desgaste del régimen.
Afirmar que el camino electoral está agotado, siendo esta la única herramienta política disponible para el ciudadano es una declaración sumamente temeraria. Especialmente cuando, además de las elecciones legislativas y parlamentarias, se plantea la posibilidad de un referéndum consultivo para legitimar el proyecto de reforma constitucional impulsado por Maduro y su círculo de poder. Esta reforma «exprés» contempla al menos 80 nuevos artículos, diseñados para fortalecer y consolidar su proyecto autoritario, cercenado aún más los pocos espacios democráticos que existen en el país.
El objetivo no es pasar la página del 28/7, ni conferir legitimidad a Maduro; más bien, se trata de emplear la movilización ciudadana en torno al sufragio como un mecanismo de lucha y erosión del régimen. En circunstancias como la que se vive en nuestro país, el voto es el único instrumento estratégico para visibilizar el descontento, luchar por nuevos espacios, desafiar la narrativa oficial y articular formas de resistencia que trasciendan el acto electoral en sí mismo.
José Rafael López Padrino es Médico cirujano en la UNAM. Doctorado de la Clínica Mayo-Minnesota University.
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