Veintisiete años después de que el CNE recibiera atribuciones constitucionales para «organizar» las elecciones de gremios y sindicatos el panorama en el campo electoral de esas organizaciones no puede ser más desolador. Con el paso de los años, los procesos de renovación y relegitimación de sus autoridades fueron quedando en atascos, desfases y moras prolongadas. Un caos.
Las elecciones autónomas e independientes que permitían las renovaciones periódicas de los cuadros directivos, la incorporación de sangre joven, la llegada de nuevas ideas se fueron espaciando en el tiempo, mientras las directivas organizacionales han entrado en un difícil proceso de dispersión y de entrabamiento del funcionamiento institucional.
Nada más en los primeros años del 2000 hubo más de mil sindicatos inhabilitados para representar a sus bases por mora electoral propiciada por el propio CNE. Y es mucha el agua envenenada que ha corrido desde entonces.
Tal vez pocos recuerden cuál fue el objetivo político que dio origen a la inclusión en la Constitución de la facultad para el CNE de «organizar» las elecciones de sindicatos y gremios profesionales, mezclándolas además con las organizaciones con fines políticos y con cualquier otra corporación de la sociedad civil, a través del literal 6, artículo 293 de la carta magna.
Para Chávez la CTV no era más que un bastión adeco dependiente del Buro Sindical, que efectivamente era mayoritario, pero con presencia partidista plural en sus varios estamentos. Un poderoso sindicalismo corporativo, parte integrante del proyecto político del 58.
Y las primeras demostraciones de que la principal central de trabajadores tendría que luchar arduamente para mantener su espacio fue la resistencia de Chávez a discutir con ella el contrato colectivo de Pdvsa.
Y es precisamente la CTV, con Carlos Ortega –hoy con más de 20 años en el exilio– al frente, quien le propina la primera gran derrota política a Chávez a llevarlo a ceder a la firma de esa convención.
La confrontación pasó al plano político como lo demostraron los sucesos del 11 de abril. La CTV entró en declive y Chávez organizó su propia central, mera alcahuetería sindical, club de favorecidos y legitimadores de las migajas oficiales.
Al darle las facultades al CNE para intervenir en la vida de los sindicatos lo que se hizo fue legislar casuísticamente. El objetivo mayor era la CTV, pero aguas abajo pagaron las consecuencias sindicatos y federaciones, fueran independientes o confederadas, del sector público o privado.
En buena medida, el chavismo logró su cometido: la CTV fue perdiendo espacios y poder hasta quedar en franca minusvalía, incapaz incluso de realizar un desfile multitudinario como los de antaño cada Primero de Mayo.
Una sola elección en 27 años, ganada por Carlos Ortega y jamás reconocida por el CTV. Su Secretario General fue llevado a prisión el año pasado y liberado este año para sumarlo a una desvalida mesa tripartita. Derivaciones, sin duda, del tutelaje nacido el 3 de enero.
Digamos que el solo otorgamiento de funciones interventoras en las elecciones gremiales y sindicales no tenía porqué desatar tantos inconvenientes internos.
Pero luego, en el 2003, el CNE aprobó las Normas para Regular los procesos Electorales de los Gremios y Colegios Profesionales, con los cuales se colocó por encima de los propios reglamentos electorales de los gremios y la propia normativa legal de los colegios profesionales. Esto ha sido motivo de dura lucha en la OIT. La nueva Constitución, que a su momento vendrá, de seguro no prolongará tal exabrupto.
Pero además, al subordinar los gremios al máximo organismo electoral que tiene como principal función «la organización, administración y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los referendos» y vista la manipulación con vocación totalitaria que se ha hecho de las instituciones del Estado, el CNE comenzó a actuar con cálculo político en cada espacio donde tuvo competencia.
Hasta llegar al gran descalabro, el colapso general de esa institución que fue incapaz de dar los verdaderos resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, resignó sus deberes en el TSJ, otro organismo de actuación delictual, no fue capaz de mantener siquiera activa su página oficial.
Y al día de hoy, con ese historial de irregularidades comprobadas a cuestas y en medio del descrédito y repudio nacional, ¿qué organismo gremial o sindical va acudir al CNE de Amoroso a riesgo de ser señalado de querer legitimar a un órgano de la dictadura?
Por supuesto, puertas adentro de los gremios también se producen manejos de exquisitez revolucionaria. El estilo autoritario del chavismo, ese según el cual quien tiene el poder, aunque sea tras una mora de 15 años, actúa como si tuviera todos los derechos y ningún deber. Ah, y también es para siempre.
Antes se escudaron en el CNE para no cumplir con los requisitos internos que permitan la presentación del Proyecto Electoral ante el organismo oficial. Eso no es con ellos.
«Es el CNE quien debe convocar», dicen, a sabiendas de que ese organismo no convocaría a elecciones si estas no son promovidas y preparadas instrumentalmente por el propio gremio. Y así se dejaron pasar años de oportunidades.
La salida inmediata de Amoroso y su cuadrilla del CNE es hoy un clamor nacional, una imperiosa necesidad democrática y un objetivo de lucha con el que deben hacer causa común con la sociedad civil gremios y sindicatos. Una gran reto en lo inmediato.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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