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Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron este jueves su profunda preocupación por la detención de la activista Rocío San Miguel e hicieron un enérgico llamado a las autoridades de Venezuela a liberarla.
«Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados», indica un comunicado conjunto.
Asimismo, los cinco países rechazaron las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclamaron por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones «transparentes, libres, democráticas y competitivas» sin proscripciones de ningún tipo.
La activista venezolana San Miguel, acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro, cumple este jueves seis días detenida, un hecho que se confirmó el sábado, cuando ONG y partidos opositores denunciaron su «desaparición forzosa», lo que ha levantado un masivo rechazo dentro y fuera del país.
San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una «desaparición forzada».
Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja.
Por otra parte, el Gobierno de Venezuela suspendió este jueves las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al considerar que ha «instrumentalizado» su trabajo en contra del Ejecutivo.
