Es importante señalar que no estamos negando la existencia de grupos organizados violentos, pero de esa situación no se puede culpar al pueblo que no ejerce autoridad, no es parte de la fuerza armada ni de las fuerzas policiales, quienes en todo caso tendrían esa responsabilidad de mantener el orden, la paz y la garantía de la vida en todas las zonas o áreas de trabajo de nuestro país, en toda nuestra Venezuela, de acuerdo a lo que establece la Constitución Bolivariana.
Tumeremo, especial._ Los recientes acontecimientos en el kilómetro 88, sector Las Cristinas de la parroquia San Isidro, ponen una vez más en evidencia la dura realidad que enfrentan miles de familias venezolanas, situaciones de las cuales hemos venido siendo informados activamente a través de las redes sociales en esta primera fase. La pequeña minería no es un capricho; se ha convertido en la única alternativa de subsistencia para ciudadanos de todo el país ante la falta de empleos dignos, los sueldos y bonos miserables del Estado, y una inflación implacable que devora diariamente el sustento de la población.
Muchos profesionales se encuentran también trabajando la pequeña minería en estas zonas mineras del estado Bolívar, empujados por la crisis generalizada para poder garantizar el sustento de los suyos. Es necesario desmitificar la actividad: de las minas no todo el mundo sale millonario. La inmensa mayoría de quienes allí laboran son gente de a pie, trabajadores honestos que con el sudor de su frente buscan el sustento diario, costear la salud de sus familias y salir adelante. Muchos apenas cuentan con una moto como medio de transporte, y otros ni siquiera eso.
Estos ciudadanos y sus ancestros, muchos ya desaparecidos, son los verdaderos descubridores de estos yacimientos y quienes han levantado la zona. Ante la emergencia económica, la región ha recibido también a compatriotas de otros municipios y estados que llegan con la misma necesidad: subsistir dignamente. Por lo tanto, lejos de ser criminalizados, los pequeños mineros merecen un reconocimiento a su esfuerzo y, por encima de todo, el respeto absoluto a sus derechos fundamentales y a su derecho al trabajo por parte de las autoridades
