Carlos Ocariz considera que las elecciones del resto de cargos deben celebrarse después y deben incluir una renovación de todos los poderes públicos, controlados por personas afines al chavismo
Este jueves 28 de mayo, el dirigente político Carlos Ocariz señaló que los comicios presidenciales deben celebrarse en el «menor tiempo posible» y aclaró que no se encuentra en campaña electoral. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el acto «Organización y propuestas para la reconstrucción de Venezuela», organizado por el partido Primero Justicia (PJ).
«Esto no es un acto de campaña. No somos candidatos. Estamos aquí para aportar al futuro de Venezuela. Apoyamos el resultado de octubre de 2023 y seguimos acompañando a María Corina Machado», reiteró el exdiputado, quien regresó al país recientemente luego de haber estado en el exilio.
Ocariz considera que tras los acontecimientos del pasado 3 de enero, cuando EEUU capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, se ha despertado un sentimiento de esperanza en la colectividad. Por ello, cree que es indispensable llenar la política de contenido para evitar el hartazgo entre los ciudadanos.
Asimismo, Guanipa enfatizó que es necesario liberar a los presos políticos, devolver las tarjetas judiciales a los partidos, desmontar el sistema represivo, permitir el registro electoral en el exterior y reestructurar el Consejo Nacional Electoral (CNE) «para que todos podamos hacer política» en el país.
El sábado 23 de mayo, la dirigente opositora María Corina Machado ofreció una rueda de prensa desde Panamá en la que aseguró que trabaja de la mano con la Plataforma Unitaria en una hoja de ruta conjunta para lograr elecciones presidenciales «entre siete y nueve meses». Igualmente, asomó su candidatura en este eventual proceso electoral. «Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato», afirmó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.
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