Andreina Baduel denunció el «trato discriminatorio» del fiscal Larry Devoe contra las denuncias que ha hecho el Comité por la Libertad de Presos Políticos. «Saben que tenemos suficiente sustento y suficiente moral para denunciar todas las violaciones sistemáticas de derechos humanos»
Un grupo de familiares y activistas reclamaron este jueves 28 de mayo el «silencio administrativo» del Ministerio Público ante las violaciones de derechos humanos en contra de los presos políticos, e insistieron a las autoridades que materialicen las excarcelaciones prometidas la semana pasada.
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, señaló que en los últimos dos años han acudido al Ministerio Público al menos en quince oportunidades para denunciar las torturas, tratos crueles, condiciones carcelarias «inhumanas» en diferentes penales, violaciones al debido proceso y la muerte de presos y sus familiares.
«En nuestra última visita acá a la Fiscalía hubo acuerdos que fueron incumplidos por este organismo del Estado. Quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos, un dossier con las diferentes denuncias que hicimos y aún no tenemos respuesta, quedaron en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y todavía esto no se ha cumplido», expresó Ávila frente a la sede del MP, al centro de Caracas.
En Venezuela, afirmó Ávila, «aún no para la violación de los derechos humanos». Puso como ejemplo la situación de más de 50 presos políticos que, dijo, tienen patologías como cáncer, enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales, y que no han contado con atención médica especializada.
«A nosotros nos preocupa que la vida de nuestros familiares se pierda en las cárceles, es lo que queremos evitar y queremos que el Estado escuche, no queremos un muerto más», insistió la activista.
Por su parte, la activista Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, denunció el «trato discriminatorio» del fiscal Larry Devoe contra las denuncias que ha hecho el Comité por la Libertad de Presos Políticos. «Saben que tenemos suficiente sustento y suficiente moral para denunciar todas las violaciones sistemáticas de derechos humanos».
En el escrito, entregado y recibido por un director del MP, también se señaló la «falta de respuesta oportuna» sobre las muertes de 27 personas bajo custodia. Baduel indicó que la muerte de su padre, el general Raúl Isaías Baduel, es un ejemplo de ello.
«Mi padre cumplió 55 meses de haber fallecido bajo custodia del Estado y todavía la investigación que supuestamente inició la Fiscalía no tiene un fiscal designado. Esto es una evidencia más de la burla a la que somos sometidas las víctimas, del atropello continuado y del efecto propagandístico que sigue usando el régimen cuando habla de reconciliación y de paz y por detrás sigue violando derechos humanos», sentenció.
En una reunión con Pablo Fernández Blanco, subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales, se les informó que en el Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro iniciaron jornadas de atención médica primaria, que podrían pasar a atenciones especializadas.
Respecto a las excarcelaciones, Hiowanka Ávila dijo que tras nueve días del anuncio hecho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, apenas han podido verificar 51 liberaciones de presos políticos bajo medidas cautelares. En el Internado Judicial El Rodeo I, donde está detenido su hermano, solo ha sido excarcelado el abogado Lester Matute.
«Los familiares nos sentimos engañados, nos sentimos frustrados. Estamos en esta larga espera que nos revictimiza también. No hay respuesta y hay muchas personas con patologías graves que deben ser atendidas. Tenemos el ejemplo del señor José Breijo, que salió hace poco y miren la situación de salud en la que se encuentra», expresó Ávila.
La espera para los presos políticos
Ruth Molero es madre del preso político Arialdo Camargo. También es tía de los hermanos Henry y Aranza Castillo Hernández. Su hijo y sobrinos han sido vinculados a supuestas conspiraciones para atentar contra las autoridades, pero sus procesos judiciales no han avanzado.
Además, Molero es una de las madres que permanece desde hace 137 días frente al Rodeo I en espera de las excarcelaciones prometidas. «Si hay tantos porque entonces sacan solo a uno cada cierto tiempo (…) Tengan empatía con esas personas que estamos allí esperando a nuestras familiares».
Señaló que sus sobrinos y su hijo Arialdo están «desesperados» por esta situación. «Aranza ha caído varias veces en crisis y los muchachos en cada visita preguntan qué falta».
Marilú Novoa, madre del preso político Jhofre Vargas Novoa, también es una de las madres que participa en cada vigilia a las afueras del Rodeo I. Denunció que luego de solicitar la libertad de su hijo vía amnistía no solo se la denegaron, sino que lo vinculan con otra supuesta trama conspirativa (operación Aurora) bajo el presunto delito de informante de países extranjeros.
El subinspector del Sebin fue detenido el 27 de enero de 2025, luego de ser llamado al Helicoide para un supuesto ascenso. Al llegar al lugar, le dijeron que se movilizara hasta la sede de Plaza Venezuela para el acto, pero allí lo esperaba una comisión de la Dgcim que lo detuvo arbitrariamente.
Vargas Novoa fue vinculado a la llamada operación Oro. Su mamá asegura que esta supuesta conspiración no es más que una retaliación contra el teniente Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Chile. Resaltó que pasó 11 meses sin conocer el paradero de su hijo, pese a que solicitó información en al menos cuatro ocasiones al Ministerio Público y demás organismos.
Apenas el día de las madres pudo verlo y abrazarlo, pues en el Internado Judicial El Rodeo I –donde está recluido Jhofre– no permiten el contacto físico con los presos políticos. Ese día lo revisó para verificar su estado de salud y ver si había sido objeto de torturas. Su hijo le dijo que no había sido maltratado y ya las marcas de las torturas que le propinó el Dgcim «en una casa de torturas» se habían borrado.
Erika Díaz, hija de Yarilys Díaz, espera que las autoridades excarcelen a su madre y al resto de los supuestos implicados en el caso «Plaza Venezuela» que actualmente, señaló, presenta varias irregularidades judiciales. Las acusaciones abarcan aproximadamente a 70 personas.
El expediente cambió de nomenclatura (436-26) al ser asignado al Tribunal 1 de Juicio con competencia en Terrorismo, a cargo del juez José Antonio García. Sin embargo, la hija de Díaz señaló que, al parecer, hay varios expedientes extraviados.
«Se contradicen, dicen que están en juicio, que están en control. Consultamos y nos dicen que en control no hay nadie, que todos fueron enviados a juicio, por eso digo que hay un desorden judicial muy grande. No hay audiencias porque tienen que esperar a que estén todos los expedientes en el tribunal, no hay fecha de apertura de juicio, no hay nada», expresó Díaz.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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