Los apagones o cortes intempestivos de luz y los racionamientos del servicio
eléctrico innecesarios e injustos que afecta al pueblo de Bolívar es responsabilidad
de la ilegitima presidente encargada y de la gobernadora de la entidad, declaró
Celestino Aponte director político de la plataforma Lazos Guayana.
Como se sabe -adicionó Aponte- la capacidad instalada de generación
hidroeléctrica en el bajo Caroní es superior a los 15 mil MW y el consumo en la
región disminuyó sensiblemente debido a la paralización casi total de las
empresas básicas, especialmente SIDOR y VENALUM, lo que significa que es
absolutamente injustificado el pésimo servicio prestado por CORPOELEC en
Guayana.
En las principales ciudades de Guayana, vale decir Ciudad Bolívar, Ciudad
Guayana, Upata, Caicara de Orinoco, Guasipati, El Callao y Tumeremo las redes
de distribución, las subestaciones y los bancos de transformadores están
obsoletos, desde hace mas de 20 años no tienen el mantenimiento adecuado ni ha
habido la inversión requerida para un óptimo funcionamiento, denunció Aponte
haciéndose eco de un pronunciamiento público de Lazos Guayana, fechado el 24
de septiembre del presente año.
Esta situación tiene causas políticas fundamentalmente y ellas son, en primer
lugar, la aprobación en el 2010 de la Ley Orgánica del Sistema y el Servicio
Eléctrico que estatiza y centraliza todo el sistema; impone un modelo de gestión
burocrático, centralizado, estatizado, sin participación del sector privado y
ciudadano que resultó en un estrepitoso fracaso, sentenció el conocido dirigente
social.
Una segunda causa política con un altísimo componente de indecencia publica es
la corrupción administrativa expresada en la asignación, desvío y robo de mas de
100 mil millones de dólares destinados al desarrollo del sistema, agregó Aponte.
Este hecho, nunca desmentido, es responsabilidad del alto gobierno nacional
incluyendo a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguz y la toda la lista de incompetentes
ministros de Energía eléctrica de los últimos 10 años, fustigó Celestino Aponte.
La actual gobernadora del estado Bolívar, al igual que sus antecesores
inmediatos en el cargo, tiene una alta responsabilidad política en tanto que
incumple con la obligación de defender y vigilar por los intereses generales del
Estado Bolívar, así como la de promover la producción de servicios que satisfagan
las necesidades de la comunidad a través de la contratación de las obras públicas
necesarias para tal efecto y, más aún, faltando al deber que tiene de coordinar las
actuaciones de las dependencias del gobierno nacional en la región, concluyó
Aponte.
